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Gestión política

Un niño patina en la Plaza Catalunya de Barcelona.Un niño patina en la Plaza Catalunya de Barcelona.Carles Ribas / EL PAÍS

Hoy entran en vigor las primeras medidas de alcance general adoptadas por el Gobierno para aligerar el confinamiento por la pandemia de coronavirus. El aislamiento de los ciudadanos ha sido eficaz, fuera tardío o no. Aunque las cifras de fallecidos son siempre trágicas, su significativo descenso, así como el de las nuevas infecciones, avalan que ha sido un remedio necesario, a la espera de que se descubra una vacuna y se generalice su producción y administración. El riesgo no ha quedado atrás y, por eso, es preciso recordar que el confinamiento se mantiene, aunque en condiciones menos estrictas. Tampoco hay que olvidar que un deterioro de la situación sanitaria solo podría ser contrarrestado con la reversión de las nuevas medidas.

Al igual que las decisiones con las que el Gobierno ha ido dando forma al estado de alarma durante el último mes y medio, estas que entran en vigor han sido más objeto de crítica que de apoyo. Solo que, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, cuando la urgencia en la reacción era una imperiosa necesidad, el mayor margen de maniobra que concede esta fase descendente de la epidemia exige prestar atención a otros aspectos de la gestión. De ahora en adelante, no solo importa que las medidas vengan avaladas por los conocimientos adquiridos desde la aparición del coronavirus, sino también que se adopten a través de los usos políticos propios de un sistema parlamentario, además de por los procedimientos legales e institucionales.

Respecto de los supuestos técnicos sobre los que se ha adoptado la estrategia dirigida a aliviar el confinamiento apenas cabe debate político: si existen evidencias que el Gobierno y los equipos que ha formado no hayan tenido en cuenta, el deber es aportarlas. Cuestión radicalmente distinta es que el Gobierno haya actuado como si los supuestos técnicos en los que se basan sus decisiones le eximieran de gestionarlas políticamente, compartiéndolas con la oposición y con los presidentes autonómicos. En un sistema parlamentario, y más en uno territorialmente complejo y descentralizado, la política de hechos consumados no es aceptable ni siquiera cuando asegura basarse en evidencias científicas. En primer lugar, porque, para ser científicas, las evidencias solo pueden ser probables, y no resuelven las cuestiones de responsabilidad. Pero, en segundo lugar, porque unas mismas evidencias pueden avalar estrategias diferentes, y son las estrategias, no las evidencias, las que exigen acuerdos políticos.

El Gobierno no puede seguir sin ofrecer esos acuerdos por más que sigan despreciándolos algunas fuerzas de oposición y algunos presidentes autonómicos que, como los de Madrid y Cataluña, comparten militancia en el ventajismo y la sinrazón. Ha sido un error actuar calculando a través de especulaciones acerca de quién pagará el coste del desacuerdo, pero este error, ahora, sería mucho más grave. El futuro de la salud y la economía dependerá de cómo se articule ahora la vuelta a la actividad, así como del grado de colaboración entre fuerzas políticas y Administraciones. La polémica acerca de si es preferible aligerar el confinamiento a partir de las áreas sanitarias o las provincias, en la que el Gobierno eligió estas últimas aunque haya aceptado reconsiderar su decisión, no debería haberse producido. No porque las evidencias en sí mismas avalaran una u otra postura, sino porque lo que ha faltado ha sido la gestión política de las evidencias.

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