El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo paquete de medidas para ayudar a autónomos, inquilinos vulnerables y empleadas del hogar. “Complementa todas las que se han ido aprobando en las semanas anteriores”, ha dicho este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Nuestro compromiso es que nadie se quede atrás”, ha agregado.
Ya a mediados de marzo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había anunciado un plan de choque para hacer frente al desafío sanitario y económico sin precedentes que supone la pandemia del coronavirus. Ese paquete supone una inyección de liquidez de 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB, para sostener la economía y permitir que una vez pasada la emergencia la recuperación “sea una V y no una L”. Es decir, para que el sistema vuelva a crecer rápido desde el punto en el que se había quedado antes de su paralización por el virus.
Pero el escenario está en constante evolución y la profundización de la crisis, que ha llevado el Gobierno a paralizar aún más la actividad económica para contener la curva de contagios, ha obligado a abordar medidas adicionales.
Principales medidas aprobadas este martes
– Alquileres: se suspenden los desahucios por alquiler para las personas vulnerable durante seis meses y se aprueba una prórroga de la misma duración para los contratos que estén a punto de vencer; para el mismo colectivo se concederán microcréditos estatales al 0% y sin comisión, a devolver en un plazo de seis años ampliable a diez. El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha asegurado que las condiciones de “vulnerabilidad” son amplias, ya que por ejemplo pueden acogerse a estas ayudas ciudadanos afectados por ERTE, reducciones de jornada, caída de ingresos… Además, el Gobierno asegurará que los pequeños propietarios perciban integralmente las rentas, mientras que los grandes propietarios y fondos buitre deberán asumir parte impacto efectuando quitas o reestructurando el alquiler.
– Prohibición de cortes de suministros: se amplía para la primera vivienda y se prevé que se conceda el bono social a quienes se hayan quedado en situación de vulnerabilidad por despido o reducción de actividad.
– Empleadas del hogar y trabajadores temporales: se crea una prestación por desempleo extraordinaria para las trabajadoras del hogar equivalente al 70% de su base de cotización. Para los trabajadores temporales, aunque no tengan la cotización necesaria, se aprueba una ayuda de unos 440 euros, el 80% del Iprem.
– Ampliación de la moratoria de hipotecas también para locales y oficinas de autónomos.
– Autónomos: moratoria en el pago de cotización durante seis meses sin intereses; aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio; moratoria por el pago de las cuotas en los días trabajados en el mes de marzo, sin intereses.
– Prohibición de la publicidad del juego online durante el estado de alarma.
– Moratoria de pago en los créditos al consumo para personas en vulnerabilidad económica; posibilidad de recibir un bono para los viajes que hayan sido cancelados.
– Violencia de género: se garantizan como servicios esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y se refuerza la ayuda a víctimas de violencia machista.
Ayudas aprobadas con anterioridad
– 600 millones de euros para reforzar los servicios sociales, con transferencias a comunidades autónomas y Ayuntamientos, protección de los suministros básicos (luz, agua y gas) y los servicios de telecomunicaciones.
– Moratoria en el pago de hipotecas para primera vivienda para personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el coronavirus.
– Relajación de la regla de gasto para permitir a los Ayuntamientos gastar sus ahorros en servicios sociales, dependencia, y otro tipo de actividaes sociales relacionados con el coronavirus.
– Flexibilización de los ERTE: los afectados se beneficiarán de la prestación por desempleo, incluso si no tienen derecho a ella por no haber cotizado lo suficiente. Si el ERTE se solicita por causa de fuerza mayor, las empresas con menos de 50 empleados tendrán una bonificación del 100% en las cotizaciones, y del 75% si la plantilla es mayor. Las prestaciones cobradas durante el estado de alarma no computarán para el desempleo de después.
– Posibilidad para pymes y autónomos de aplazar las deudas con Hacienda hasta 30.000 euros durante seis meses, con tres meses de carencia.
– La consideración de las bajas y cuarentenas forzosas como accidente de trabajo.
– Prohibición de los despidos vinculados a la crisis del coronavirus; todos los trabajadores tendrán derecho a reorganizar o reducir su jornada laboral, incluso hasta el 100%, para cuidar a familiares, mayores o niños, ante el cierre de colegios y servicios sociales.
– Prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que hayan tenido que cerrar su negocio a causa del estado de alarma, o cuya facturación haya caído un 75% en relación con el semestre anterior. La prestación es compatible con la exoneración del pago de cuotas y con el ERTE para aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan empleados.
– Línea de avales de garantías públicas al 80% para facilitar liquidez a empresas por importe de 100.000 millones de euros; línea dotada con 2.000 millones para las empresas exportadoras; apoyo a la digitalización de las pymes y planes de I+D para fomentar el teletrabajo.
– Prohibición de las ofertas públicas de adquisición (opa) desde fuera de la UE a cotizadas españolas consideradas estratégicas.
– Apoyo a la investigación científica en la búsqueda de una vacuna; 30 millones de euros para el CSIC y al Instituto de Salud Carlos III.
Información sobre el coronavirus
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