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El Tribunal Supremo confirma la inhabilitación de Quim Torra

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, este lunes, durante la presentación telemática del informe de la BioRegión de Cataluña 2020.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, este lunes, durante la presentación telemática del informe de la BioRegión de Cataluña 2020.Enric Fontcuberta / EFE

El Tribunal Supremo ha confirmado este lunes la condena a un año y medio de inhabilitación impuesta al presidente de la Generalitat, Quim Torra. La sentencia, dictada por unanimidad, es firme y le obliga a dejar el cargo, lo que abre una nueva crisis institucional en Cataluña. Torra seguirá ejerciendo formalmente como presidente hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ―el órgano que le juzgó y le condenó en primera instancia― ejecute la sentencia y una vez que el Boletín Oficial del Estado haya publicado su inhabilitación. Torra será despojado de su responsabilidad por incumplir la orden de retirar una pancarta a favor de los políticos encarcelados por el procés, en la que es la primera inhabilitación de un presidente catalán en el ejercicio del cargo. El Supremo considera que el presidente catalán desobedeció de forma “contumaz y obstinada” a la Junta Electoral Central, encargada de velar por la neutralidad de los poderes públicos en las elecciones

La sentencia del Supremo desestima el recurso de Torra y confirma íntegramente la sentencia distada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el pasado 19 de diciembre. La sentencia ratificada condenó a un año y medio de inhabilitación especial tanto para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, como para el desempeño de funciones de gobierno, en los ámbitos local, autonómico y del Estado.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el tribunal destaca que Torra es libre de exhibir símbolos o pancartas que reflejen su identidad política, pero no de usarlos en periodos electorales “desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central que, en el ejercicio de sus funciones garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibió su utilización”. En ese sentido, la Sala subraya que los acuerdos de la Junta Electoral Central no vulneraron los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión de Torra, mientras que la actitud del president, según el tribunal, sí supuso en cambio una vulneración del principio de neutralidad al que deben sujetarse las administraciones en general, “contraviniendo órdenes expresas de aquella Junta Electoral”.

Tras la sentencia del Supremo, la inhabilitación de Torra ya es firme, lo que le obligará previsiblemente a dejar la presidencia de la Generalitat en los próximos días. Le queda una baza para no ser apartado del cargo: recurrir en amparo al Tribunal Constitucional y pedirle que deje en suspenso la ejecución de la pena. No hay, sin embargo, precedentes de que el Constitucional haya accedido a esa petición en casos de inhabilitación. Está por ver si el president acata ahora la sentencia y abandona el cargo y cuál será la respuesta de los partidos y entidades independentistas, pero también de la calle. El Supremo ya inhabilitó a un expresidente de la Generalitat, a Artur Mas, por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Cuando fue inhabilitado, sin embargo, Mas ya no estaba en el poder.

La jurisprudencia ―el caso de Mas, pero también del exdiputado de Junts per Catalunya Francesc Homs― y los hechos del caso Torra —él mismo admitió en el juicio que desobedeció― invitaban a pensar que el Supremo confirmaría la sentencia dictada en enero de 2019 por el TSJC. El Supremo recuerda en su resolución esta jurisprudencia y también el hecho de que el president “en todo momento, con anterioridad, durante y después del juicio oral, no ha negado la exhibición de pancartas y otros símbolos en edificios públicos dependientes de la Generalitat, en especial en la fachada del Palau, y su negativa a cumplir las órdenes de la Junta Electoral Central”, aunque alegara que se trataba de órdenes ilegales y que atentaban contra su libertad de expresión.

“La exigencia de neutralidad de la Administración se agudiza en los períodos electorales”, señala el tribunal, que cita su propia jurisprudencia para remarcar que el “sufragio libre” requiere “establecer un sistema electoral que garantice un marco institucional de neutralidad en el que el ciudadano pueda con absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder público, decidir los términos y el alcance de su participación política”.

Designado como sucesor por el expresidente Carles Puigdemont, huido a Bélgica de la justicia española, Torra acaba su mandato por un acto íntimamente relacionado con el procés y sus consecuencias judiciales. El president desoyó las órdenes reiteradas de la Junta Electoral Central (JEC) para que retirara de la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta en la que pedía la libertad de los “presos políticos”, en alusión a los dirigentes independentistas encarcelados por organizar el referéndum ilegal del 1-O. La JEC argumentó que se debía garantizar la neutralidad de las instituciones en periodo electoral, pero Torra rechazó retirar la pancarta en plena campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

La sentencia del TSJC ya señalaba lo que ahora ha ratificado el Supremo, que Torra mostró una “contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia” a acatar la orden de la Junta Electoral. Su abogado, Gonzalo Boye, recurrió ante el Tribunal Supremo, que el pasado 17 de septiembre, en una vista pública en la que estuvo presente (sin poder usar la palabra) Torra, revisó el caso.

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