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El teletrabajo será prioritario y las empresas deberán facilitarlo

La crisis del coronavirus ha trastocado la forma de convivir y de trabajar. Desde que el pasado sábado se decretase el estado de alarma, las vías públicas permanecen casi vacías. El Gobierno, además, insta al teletrabajo, para reducir los contagios. A pesar de ello en algunas empresas, sobre todo las más pequeñas, asesorías, consultorías, despachos jurídicos y otros pequeños establecimientos mantienen el régimen de asistencia.

El decreto de medidas urgentes para hacer frente a la Covid-19, aprobado el martes, obliga prácticamente a las empresas que puedan a enviar a sus empleados a casa para trabajar a distancia. “Con el fin de ejecutar las medidas de contención previstas, garantizando al mismo tiempo la continuidad de la actividad empresarial y las relaciones laborales, se priorizarán los sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia”, señala el texto legal aprobado por el Consejo de Ministros.

El decreto contiene numerosas referencias que instan al teletrabajo y regula varios aspectos para obligar a las empresas que puedan hacerlo —las no industriales o agrarias— a aplicarlo.

Las que no lo hacen deberán facilitarlo

El Gobierno recuerda que las empresas “deberán facilitar” las medidas para hacerlo posible. Para agilizar y favorecer estos procesos el Ejecutivo pondrá en marcha un programa de financiación de material (ordenadores, impresoras, teléfonos móviles…) mediante ayudas y créditos a pymes gestionadas a través del programa Acelera Pyme impulsado por la empresa pública Red.es.

La modalidad de trabajo no presencial, a distancia, o teletrabajo ha sido recomendadas por las autoridades sanitarias, entre ella la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su capacidad para reducir la probabilidad de exposición y contagio por el Covid-19.

“Gracias a las herramientas informáticas y digitales, pueden realizarse las tareas laborales diarias desde dispositivos conectados a Internet, incluyendo reuniones online, llamadas virtuales vía voz, videoconferencias o envío de documentos internos”, señala el decreto.

Ayudas a pymes para comprar ordenadores

El texto legal avisa a las empresas que no permitían el teletrabajo: “la urgencia de la actual situación de excepcionalidad exige una relajación de esas normas, con carácter temporal y exclusivamente a los efectos de responder a las necesidades sanitarias de contención actualmente vigentes”.

Uno de los asuntos que más preocupa al Gobierno y empresas es cómo poner en marcha el teletrabajo. Muchas pymes no se disponen de ordenadores portátiles, programas informáticos o redes necesarias para ello. Por eso, el decreto destaca “la necesidad de asegurar que las empresas estén preparadas para actuar en un entorno digital”. Para facilitar esa digitalización, el Gobierno lanza ayudas para la compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización.

“Se prevé dotar a las empresas de una financiación de hasta 200 millones de euros a través del ICO para atender las necesidades financieras de las pymes en sus actividades e inversiones, para la compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización entre otras y, en particular, para la dotación de soluciones de trabajo no presencial”.

Garantizar las telecomunicaciones

Para garantizar las comunicaciones y las redes de datos, para que las empresas y los trabajadores tengan acceso a Internet para poder trabajar desde casa, el decreto establece ciertas medidas en materia de telecomunicaciones que, además de estar constituidas por redes y servicios que legalmente han sido calificadas de interés general.

“Así, el trabajo no presencial se configura como un instrumento de primer orden para poder conjugar las necesarias medidas de aislamiento y contención en la propagación del virus y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad en el ejercicio de numerosas actividades empresariales, económicas y sociales. Para permitir el trabajo no presencial, resulta imprescindible contar con unas modernas redes de telecomunicaciones, fijas y móviles, que garanticen la conectividad y el mantenimiento de la calidad oportuna para gestionar todo el tráfico incremental que en estas situaciones tan excepcionales se genera a través de dicha conectividad”, señala el decreto en otro de los puntos.

Mantener la red de Internet

Para garantizar el acceso a las telecomunicaciones, el decreto considera imprescindible asegurar el mantenimiento de la conectividad y que los servicios de comunicaciones electrónicas se sigan prestando por los operadores, al menos, en las mismas condiciones que en la actualidad.

Y establece “la medida de que, mientras esté en vigor el estado de alarma, los operadores de telecomunicaciones deben mantener los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público contratados por sus clientes, de forma que no podrán suspenderlos o interrumpirlos, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de servicios suscritos entre operadores y consumidores”.

Asimismo, se establecen determinadas medidas para garantizar la prestación del servicio universal de telecomunicaciones. En particular, y mientras esté en vigor el estado de alarma, el proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas designado para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones garantizará la prestación de los elementos que integran el servicio universal de telecomunicaciones y mantendrá, como mínimo, el conjunto de beneficiarios actuales, así como la calidad de la prestación del conjunto de servicios que conforman dicho servicio universal, con especial referencia a la prestación del servicio de acceso funcional a Internet y a las condiciones de asequibilidad del servicio universal de telecomunicaciones.

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