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El Supremo confirma la condena a CDC por cobrar comisiones ilegales en el ‘caso Palau’

El Tribunal Supremo ha confirmado que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicarle obras públicas. El alto tribunal ha notificado este jueves la sentencia por el saqueo del caso Palau, que confirma la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona a CDC y los dos principales acusados y saqueadores confesos: Fèlix Miller, condenado a nueve años y ocho meses de prisión, y multa de 4,1 millones de euros; y su mano derecha, Jordi Montull, condenado a siete años y medio. El Supremo ratifica además que ambos deberán devolver 23 millones de euros a las estructuras del Palau (Consorci, Fundació y Associació) cuyos fondos desviaron en provecho propio.

Con el fallo dictado ahora por el Supremo ya es firme la condena que acreditó por primera vez la financiación irregular de CDC, que el expresidente socialista Pasqual Maragall bautizó en 2005 en el Parlament con el nombre de “3%”. Las mordidas se extendieron durante al menos una década, de 1999 a 2009, lo que engloba tanto los últimos años de Jordi Pujol al frente de la Generalitat como la etapa de Artur Mas como jefe de la oposición. El saqueo del Palau de la Música ascendió a 23 millones de euros destinados al beneficio particular de los acusados y al pago de comisiones al partido, y la investigación no pudo aclarar el paradero de 6 millones de esta cantidad global.

Las condenas impuestas a los dos principales implicados lo son por delitos continuados de malversación y apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsificación en documento mercantil cometido por funcionario público, delito continuado de tráfico y un delito de falsedad contable, delito continuado de tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. A ambos se les has aplicado las atenuantes de confesión (alcanzaron un pacto con el fiscal), disminución del daño y dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento. Millet y Montull ingresaron en prisión tras la sentencia de la Audiencia de Barcelona, pero salieron unas semanas después en libertad bajo fianza. Ambos tienen un estado de salud delicado y la Audiencia tendrá que decidir ahora si les encarcela de nuevo para cumplir la condena.

La sentencia del alto tribunal mantiene lo esencial de la dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en diciembre de 2017, aunque con algunas variaciones. Entre otras, la rebaja en seis meses (pasa de cuatro años y medio a cuatro años) de la pena impuesta a Gema Montull, exadministradora financiera del Palau, a la que sí se mantienen, sin embargo, manteniéndose la multa de 2,6 millones de euros asociada al delito de blanqueo de capitales.

Uno de los más beneficiados es el extesorero de CDC Daniel Osácar, que pasa de cuatro años y cinco meses de prisión, a tres años y medio, al ser absuelto del delito de tráfico de influencias. Según la sala, “no consta acreditado” que Ferrovial abonara una comisión por obra adjudicada siendo el tesorero, aunque sí consta que como tesorero “hizo llegar a Convergencia, con maniobras de diversa índole, entre las que se encontraban la mendacidad documental, que además ocultaban su origen, las comisiones que abonaba de modo aplazado Ferrovial, por obras adjudicadas con anterioridad a ser nombrado tesorero”. El tribunal sí confirma a Osácar la pena de tres años y medio, más multa de 3,7 millones de euros, como autor de un delito de blanqueo de capitales, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de falsedad contable, aunque le aplica la atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento (atenuante aplicada a todas las condenas del caso).

El Supremo, en ua sentencia de 440 páginas de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo, mantiene el resto de condenas de prisión a los acusados que recurrieron en casación: dos años al abogado Raimón Bergós, un año y nueve meses al abogado Santiago Llopart y ocho meses al asesor fiscal Edmundo Quintana. Los otros cinco condenados por la Audiencia de Barcelona (con penas de entre ocho meses de prisión y un año y nueve meses), que eran empresarios, no recurrieron sus condenas al Supremo.

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