Las noticias

El Supremo condena al Estado a compensar con 57 millones a varias entidades de derechos de autor por la reforma que implantó el PP

El canon digital compensa al creador por las copias privadas.
El canon digital compensa al creador por las copias privadas.TEJEDERAS

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a abonar 57 millones de euros a varias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por los perjuicios que les causó entre 2015 y 2017 la normativa que suprimió la compensación equitativa por copia privada –el llamado canon digital–que debían afrontar los fabricantes de equipos y dispositivos de grabación y reproducción. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo da la razón, entre otros, a la Sociedad General de Autores (SGAE), la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y a la asociación de artistas intérpretes o ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), que reclamaron que se declarase la responsabilidad patrimonial del Estado por el periodo en el que estuvo vigente esa normativa, aprobada por el Gobierno del PP en 2011.

Las entidades convirtieron durante años la lucha contra la reforma del llamado canon digital en su principal caballo de batalla. Entre otras cosas, porque estaba en juego muchísimo dinero: con el anterior sistema, recibían unos 115 millones anuales como compensación por todas las copias privadas que pudieran realizarse con equipos como fotocopiadoras, móviles, lectores de MP3 u otros soportes de grabación; tras el cambio normativo del Gobierno de Mariano Rajoy, que trasladó esa compensación a los Presupuestos Generales del Estado, las entidades pasaron a cobrar unos cinco millones al año. De ahí que denunciaran la reforma en decenas de conferencias, encuentros y, sobre todo, en los tribunales. La sentencia del Supremo culmina, pues, su larga reclamación.

El Consejo de Ministros, al que reclamaron en primera instancia, desestimó su petición por silencio administrativo, pero una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por sentencia de 2016, desautorizó el sistema español que cargaba dicho gasto a los Presupuestos Generales del Estado. En esa resolución se apoya el Supremo en el fallo hecho público este jueves. Los 57 millones de euros que tendrá que abonar el estado corresponden a 2015 (20 millones), 2016 (22,5 milllones) y los siete primeros meses de 2017 (14.520.548 euros).

El tribunal afirma que la “ausencia de regulación concreta”, es decir, la ausencia de establecimiento de un sistema que hiciera “posible y viable” el abono de la compensación equitativa correspondiente en el periodo de tiempo en que tal carencia se produjo, “es solo imputable al Legislador español”. La Sala también fija los porcentajes de distribución entre las tres modalidades de reproducción, que son del 25% para la modalidad de reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros, del 30% para la modalidad de reproducción de fonogramas, y del 45% para la modalidad de reproducción de videogramas.

El alto tribunal indica que la distribución del porcentaje correspondiente, en aquellos supuestos de concurrencia de diversas entidades de gestión en una misma categoría de acreedores, de una misma modalidad de reproducción, deberá hacerse mediante el mutuo acuerdo entre esas entidades. Y añade que cualquier discrepancia entre las partes, o la falta de acuerdo entre las entidades de gestión, será resuelto por el tribunal en ejecución de sentencia, de acuerdo a esas bases.

Esta decisión del Supremo ha sido plasmada en varias sentencias, la primera de las cuales, que ya ha sido notificada las partes, da la razón a SGAE, AGEDI y AIE, y se refiere a los años 2016 y 2017, aunque ya recoge el cálculo de cuantías y distribución de porcentajes que incluye además el 2015 y las tres modalidades de reproducción.

Leave a Reply