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El riesgo del ‘#QuédateEnCasa’

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Para enfrentar el coronavirus se ha construido una política pública única, general y homogénea para la totalidad del mundo, de tal manera que podríamos decir que; “un fantasma recorre el mundo, el fantasma de una política uniforme”. ¿Por qué esta afirmación tan contundente?

La peor política es la que no reconoce las desigualdades.

La peor política es la que no reconoce las desigualdades, porque de esta manera las incrementa, así como el contagio. Con lo que el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Cuando la contaminación por la covid-19 transita de la inoculación importada (primaria) hacia la comunitaria (terciaria), la vulnerabilidad ya no es socialmente equitativa. De allí que la vulnerabilidad tenga un itinerario que va de los sectores medios y altos de la sociedad hacia los sectores populares, lo cual significa que a la letalidad de los grupos etarios de mayor edad se debe sumar la de los que tienen enfermedades preexistentes, viven en precarias condiciones de vida o provienen de grupos minoritarios (poblaciones indígenas, afrodescendientes, indigentes, capacidades especiales, LGBTIQ…).

Frente a las políticas únicas y generales contra el coronavirus, es imprescindible mirar los efectos que producen en cada uno de los contextos históricos: no es lo mismo la vigilancia epidemiológica en Corea del Sur que en Ecuador, como tampoco lo son los sistemas sanitarios de Guayaquil y mucho menos la calidad de vida que existe en las barriadas populares de las Villas Miserias, Favelas o pueblos jóvenes.

Una historia de desigualdad étnica explica que en Chicago —que tiene el 30% de la población afroamericana—, el fallecimiento por covid-19 llegue a la escalofriante cifra del 70%. En Guayaquil, las personas infectadas por coronavirus provienen mayoritariamente del grupo etario de la población económicamente activa (20 y 49 años) con un 59,7%, en tanto es el sector más proclive al contagio por el tipo de trabajo que desarrollan: precario, tienen contactos múltiples, realizan en el espacio público, pero adicionalmente porque el lugar donde residen carece de buenos servicios, infraestructuras y vivienda digna.

Por eso, cuando se plantea el #QuédateEnCasa de forma genérica, hay dos virus que tienden a incrementar su propagación, para convertirse en pandemias globales: la violencia y la COVID-19 (dengue, malaria), ambas con alta letalidad. Esto, además, pone a las mujeres en una encrucijada: escoger entre la pandemia infringida por sus parejas o la de la COVID-19, disyuntiva frente a la cual no tienen otra alternativa —con sus hijas e hijos— que quedarse con su pareja agresora.

Ante lo dicho, lo primero que se debe analizar es la política genérica del #QuédateEnCasa, partiendo de la pregunta: ¿En cuál casa? El déficit de vivienda es muy alto, los servicios son precarios y el hacinamiento es elevado, lo cual involucra al 25-30% de la población urbana (Cepal). En una vivienda de un cuarto donde habitan por ejemplo 4 personas, el vínculo físico y psicológico es muy intenso; lo cual convierte al espacio doméstico en un foco de contacto y por tanto, de contagio mayor al del espacio público. Así que, el aislamiento que produce el mandato de quedarse en casa, asentado sobre las desigualdades económico-sociales, la reducida auto-estima producto de un sinfín de violencias y mensajes sociales, terminan por deslegitimar a las niñas y a las mujeres, configurando una ecuación ideal para el incremento de la de violencia.

La COVID-19 pone sobre el tapete la violencia estructural de género, “facilitando” una vida con violencia permanente y normalizada socialmente.

En este contexto hay un tipo de violencia que tiende a crecer sustancialmente: la violencia machista y familiar, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de millones de mujeres, niños y niñas. Sobretodo teniendo en cuenta que históricamente el espacio doméstico, propio de la vivienda, ha sido el más inseguro. La cuarentena en casa se convierte en el ámbito privilegiado para el abuso, mientras para mujeres, niñas y niños es el de mayor riesgo. La covid-19 pone sobre el tapete la violencia estructural de género, “facilitando” una vida con violencia permanente y normalizada socialmente.

Las posibilidades de realizar denuncias en un espacio tan reducido es muy compleja. Donde la víctima y el victimario están bajo constante proximidad las 24 horas del día, quedan muy limitadas las posibilidades de solicitar ayuda, denunciar el abuso, así como acceder a los servicios de salud, refugio y justicia. El secreto a voces de las víctimas sobrevivientes de violencia se torna aún más silencioso, en la imposibilidad de vecinas y familiares de acudir a su ayuda bajo la premisa del potencial contagio con el virus. En países como Ecuador, China o Francia, las denuncias se han incrementado. En Italia y en distritos como Queens, en la ciudad de Nueva York, han disminuido, precisamente por la dificultad de denunciar. Para ello, Francia ha adoptado códigos para que las mujeres denuncien en las farmacias.

De allí que los servicios y las infraestructuras de conectividad telefónica y de las nuevas tecnologías de la comunicación se convierten en elementos transcendentales, evidenciando la necesidad de pasar por una política de extensión de redes de internet, contar con teléfonos inteligentes y ordenadores, de forma generalizada.

Se debe redefinir el sentido del aislamiento o cuarentena, sobre todo en países con bajo desarrollo y en zonas urbanas con menores recursos.

Adicionalmente se debe redefinir el sentido del aislamiento o cuarentena, sobre todo en países con bajo desarrollo y en zonas urbanas con menores recursos. Contrariamente a lo que se piensa, la vivienda no es el mejor espacio de reclusión para estos grupos sociales, sino la vecindad barrial, donde las posibilidades de las redes de apoyo puedan funcionar, el acceso a los servicios esenciales es mayor y las sanas distancias puedan operar. Para que este ámbito sea una alternativa, se requiere de organización vecinal, de vínculos estrechos con los gobiernos locales y con el sistema sanitario, así como un giro en las políticas urbanas para que el barrio sea la unidad básica de satisfacción de las necesidades de la población.

No se trata de un aislamiento o distanciamiento sociales sino, por el contrario, de una real integración social que reestructure las violencias basadas en género, racismos, clasismos, regionalismos, xenofobias. Si se consigue, las pandemias de la violencia y de la covid-19 podrían ser una oportunidad para fortalecer las solidaridades comunitarias locales y globales.

Fernando Carrión Mena es académico de FLACSO-Ecuador. María Amelia Viteri es antropóloga y lingüista.

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