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El represaliado del franquismo que recuperó su identidad gracias a unos anillos

Javier Pérez, antropólogo de la asociación AMEDE, muestras los anillos de Alberto y Dionisia en el cuarto de autopsias donde se depositan los restos y las pertenencias de los exhumados, en San Fernando, Cádiz.
Javier Pérez, antropólogo de la asociación AMEDE, muestras los anillos de Alberto y Dionisia en el cuarto de autopsias donde se depositan los restos y las pertenencias de los exhumados, en San Fernando, Cádiz.Juan Carlos Toro

Los 108 cajones negros pintados con letras de calco copan todo el espacio disponible en las paredes de azulejos blancos. La caja del sujeto 303 es la única que reposa sobre una mesa en la vieja morgue del cementerio de San Fernando (Cádiz). En el interior, un cráneo con el orificio saliente de una bala deja poco margen de dudas sobre la causa de la muerte. Y junto a él, una bolsa hermética contiene dos anillos oxidados en los que apenas se lee ‘Alberto’ y ‘Dionisia’. A falta de una prueba de ADN que lo confirme, el individuo 303 ya no es un represaliado del franquismo sin nombre enterrado en una fosa común gaditana junto a 228 fusilados más. Es Alberto García Martínez, una víctima de la dictadura rescatada del anonimato por amor.

Los escasos datos vitales que se conocían de este cartagenero asesinado el 18 de junio de 1940 encajaron de golpe cuando los arqueólogos de la asociación memorialista Amede de San Fernando dieron hace unos meses con las dos alianzas en la fosa, aún puestas en el dedo índice de su dueño. García figuraba en la lista de represaliados enterrados en cuatro fosas del cementerio en el que figuran militares destinados en los acuartelamientos isleños, políticos, profesores e incluso pastores evangélicos. García Martínez tenía 43 años, era cabo fogonero en el buque destructor militar Almirante Valdés, que se mantuvo fiel a la República y dejó dos hijos de 17 meses y nueve años y viuda, Dionisia. Un escrito del juez instructor José Sánchez dirigido al alcalde de San Fernando ordenó a ejecutarle a las 6 de la mañana junto a la tapia del cementerio municipal “por el delito de rebelión”, juzgado en 1939 en la causa 387, según un documento oficial conseguido por Amede.

Por ahora, poco más se conoce de Alberto García, pero ya es mucho. “Lo habitual es que no sepamos ni quién es y haya que esperar a cotejos de ADN con sus familiares vivos”, explica Javier Pérez Guirao antropólogo y presidente de la entidad. Desde que Amede comenzó a trabajar en la fosa de San Fernando ya lleva 108 cadáveres de represaliados recuperados, de los 229 que se cree que fueron asesinados entre los años 1936 y 1941, todos enterrados en cuatro fosas comunes en las que se entreveran con fallecidos por otras causas. Ninguno ha sido identificado hasta ahora, pese a que hay hasta 40 familias deseosas de que las pruebas de ADN que está realizando la Universidad de Granada hagan el fin del anonimato impuesto en esos fríos números de localización que hoy rezan en sus cajas.

La de Alberto García no era una de ellas. El caso de sus alianzas se ha hecho viral después de que Amede lanzase un llamamiento público para dar con sus familiares vivos a los que poder ofrecer la posibilidad de una prueba de ADN que confirme la identidad del represaliado. El aviso, además de hacerse viral, sirvió; y Pérez ha conseguido dar con uno de sus nietos en Murcia que, por ahora, digiere el hallazgo en silencio. “La familia no lo estaba buscando y se lo han encontrado. Lo están procesando. Hay que darles su tiempo, han sido demasiados años de silencio impuesto”, justifica Pérez, esperanzado en que los descendientes se animen a dar el paso.

El fogonero es uno de los cuatro murcianos asesinados que reposaban en unas fosas cuya excavación no está siendo sencilla, desde que comenzó hace ya casi cinco años. La propia procedencia de los represaliados ya es un problema, ya que 106 eran militares de otros puntos de España como Galicia, lo que dificulta la localización de los familiares. La falta de un registro más completo de los enterramientos, la mezcla con más de 400 cadáveres de no represaliados o la dificultad para acceder a subvenciones públicas para continuar los trabajos son algunas de las trabas que minan la dedicación de los cinco técnicos que trabajan la fosa. Con todo, no ceden en su esfuerzo. “Aunque sepamos que judicialmente es difícil que se haga algo, invertimos mucho tiempo en hacer un estudio completo arqueológico y antropológico de cada sujeto”, explica el arqueólogo Jorge Juan Cepillo, en un descanso durante la excavación.

Ángeles Fernández Roldán lleva años esperando la llamada que ha recibido el nieto de Alberto García. Espera encontrar los restos de su abuelo, Cayetano Roldán, alcalde socialista y médico de San Fernando asesinado en octubre de 1936 y enterrado en una de esas fosas. La familia de Fernández aún no se ha sobrepuesto del “batacazo” que supuso no obtener pruebas concluyentes de ADN que permitieran identificar los restos de tres de sus tíos, hijos de Cayetano, fusilados y enterrados en una fosa de Puerto Real ya excavada. “Cuando fueron a fusilar a mi abuelo, le dijo al verdugo que, al menos, perdonasen a sus hijos. Y él le contestó que ya estaban muertos”, rememora la mujer en conversación telefónica desde Madrid, donde vive.

El caso de Cayetano Roldán y sus tres hijos, todos asesinados por los golpistas, impactó a Pérez de tal manera que le impulsó a crear Amede con intención de excavar las fosas en las que todavía quedan meses de trabajo. El antropólogo espera que la difusión del caso de los anillos atraiga a más familiares a cotejar si alguno de los 229 nombres de los represaliados que han publicado en sus redes sociales se corresponde con algún antepasado suyo. O, a los que ya lo buscan, que sean capaz de escarbar en los recuerdos y anécdotas escuchadas en casa de si su ser querido portaba algún objeto característico que acote la búsqueda. “Hemos encontrado gafas, monedas, pipas, llaves, papel de fumar y hasta una chaqueta militar. También hemos localizado un objeto muy personal, de tradición de familia, que quizás nos lleve a identificar a otra persona”, explica Pérez.

Fernández no es capaz de saber ese detalle, pero no pierde la esperanza de que las pruebas genéticas esta vez sí funcionen, aunque el cotejo sea más complejo que cuando se centran los esfuerzos en un solo individuo. “Lo triste es que el silencio se ha impuesto. He visto a mi madre que murió, que apenas nos habló de ello. Yo ya llevo muchos años buscando y tengo 72 años. Apenas salgo de casa porque no quiero que me pase algo [por el coronavirus] y fallarle a mi abuelo”, tercia la mujer emocionada. Ángeles García no quiere morirse sin haber recuperado la dignidad y la identidad que un verdugo le arrebató a Cayetano Roldán hace ya 85 años.

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