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El juez procesa a Villarejo y a los promotores de la urbanización de lujo La Finca

La enrevesada madeja del caso Villarejo ya tiene otro hilo listo para juzgar. El magistrado Manuel García-Castellón ha dado este martes por concluida una de las líneas de investigación abierta en esta enorme macrotrama de corrupción policial, política y empresarial: la bautizada como pieza Land, sobre la guerra familiar de los Cereceda, impulsores de la urbanización de lujo La Finca (Madrid). Según consta en un nuevo auto fechado este mismo 12 de mayo, el instructor de la Audiencia Nacional procesa al comisario jubilado José Manuel Villarejo por esta parte de la trama y a los promotores del complejo inmobiliario —Susana Cereceda y Francisco Peñalver—. El juez atribuye a los implicados los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

Esta decisión de García-Castellón llega después de que la Fiscalía Anticorrupción, que también ha dado por finiquitada esta parte de las pesquisas, se lo solicitase el pasado 5 de mayo. Aunque, ese día, el Ministerio Público no solo pidió que adoptase esta medida en Land, sino también en la pieza separada conocida como Iron —sobre el presunto espionaje del bufete Herrero & Asociados a un competidor—. Una demanda que, en ese caso, se aceptó en apenas 48 horas: el juez emitió el 7 de mayo el auto de pase a procedimiento abreviado —pase similar al escrito de procesamiento—. En la causa abierta por la guerra de los Cereceda, en cambio, se ha tardado algunas jornadas más.

En esta parte de la investigación se señala que Susana García Cereceda y Francisco Peñalver contrataron a Villarejo para recabar información de forma irregular sobre el resto de herederos de Luis García Cereceda, expresidente de la promotora Procisa y muerto en 2010. Según el juez, la hija del fallecido y su exsocio encargaron al comisario jubilado que espiara a Yolanda García Cereceda, hermana de Susana; a su exmarido Jaime Ostos; al arquitecto Joaquín Torres; y a Silvia Gómez-Cuétara, viuda del empresario que levantó el grupo inmobiliario que generó la riqueza de la familia. Obtuvieron así información de su vida privada.

García-Castellón ya apuntó en sus escritos que ambos tenían conocimientos de los métodos ilegales utilizados por el Grupo Cenyt, la red de empresas creada por Villarejo para cobrar este tipo de servicios. Y, de hecho, los investigadores destacan que el comisario jubilado utilizaba su condición de agente de la Policía Nacional para acceder a datos confidenciales y venderlos a cambio de cantidades millonarias. En Land, Anticorrupción ya anunció que prevé acusar a siete investigados y tres compañías por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

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