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El juez investiga el ‘hackeo’ de los móviles de Torrent y Maragall

El presidente del Parlament, Roger Torrent, durante una sesión plenaria.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, durante una sesión plenaria.David Zorrakino – Europa Press / Europa Press

Un juez de Barcelona ha abierto una investigación para aclarar el hackeo de los teléfonos móviles del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y del concejal en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall. Los dos políticos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentaron una querella después de que EL PAÍS desvelara, el pasado julio, que sus teléfonos móviles habían sido objeto de un ataque por parte de un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO que solo puede ser adquirido por Gobiernos y cuerpos de seguridad en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

El titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona ha decidido abrir diligencias después de recabar la opinión de la Fiscalía, que se ha mostrado favorable a investigar los hechos. Está por ver, sin embargo, qué diligencias acepta ahora el magistrado que se practiquen para aclarar este episodio. La Fiscalía cree que hay indicios de delito, pero no ve por ahora necesario citar a declarar al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, tal como reclamaba la querella.

La defensa de los dos afectados vinculan el episodio al “espionaje político” del Estado. Por eso el abogado, Andreu Van den Eynde -que defendió al exvicepresidente Oriol Junqueras en el juicio del procés– pidió que se practiquen una serie de pruebas; por ejemplo, el envío de una comisión rogatoria a Israel para averiguar si el grupo NSO Group vendió el programa Pegasus al Gobierno español. También, que la empresa entregue los datos informáticos que conserve sobre ese posible contrato. Según la querella, el hackeo de los móviles puede constituir diversos delitos, como intrusión no autorizada en equipos informáticos o interceptación ilegal de comunicaciones.

El presidente del Parlament afirmó, tras conocer el ataque sufrido, que el caso ilustra que “en el Estado español se practica el espionaje político” para “perseguir a la disidencia” en el marco de una “causa general contra el independentismo”. Torrent instó al Gobierno, y en particular a la ministra de Defensa, Margarita Robles -de quien depende el CNI- a investigar los hechos.

El ataque se produjo durante 2019 aprovechando una vulnerabilidad de Whatsapp que permitió acceder a datos y mensajes de teléfono móvil, además de activar el micrófono y la cámara de forma remota. El programa espía, de nombre Pegasus, ha sido “denunciado múltiples veces por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos” por su uso “abusivo e injustificado contra activistas políticos, abogados y periodistas”, según una nota difundida por ERC.

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