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El inquietante veto del PP al juez De Prada

El juez José Ricardo de Prada.
El juez José Ricardo de Prada. JULIÁN ROJAS

Las negociaciones entre populares y socialistas para la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial han vuelto a estancarse. Las favorables señales que daban ambos interlocutores hace unos días sobre su buena disposición para acabar con una anomalía que lleva prolongándose más de dos años se han esfumado ante el veto que ha puesto el partido conservador a dos nombres por entender que se trata de perfiles próximos a Unidas Podemos. Forma parte de la lógica de cualquier negociación que no haya una sintonía sobre los candidatos propuestos y que algunos de ellos no prosperen, pero los argumentos utilizados para evitar que salgan adelante no pueden responder a una lógica de politización descarnada del poder judicial y es importante que, en la discusión sobre sus aptitudes, la capacitación técnica de los sometidos a consideración ocupe un peso relevante.

Por eso resulta una pésima señal que el PP se haya cerrado en banda a aceptar al juez José Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia del caso Gürtel. La responsabilidad de los partidos políticos a la hora de elegir a los vocales del poder judicial no puede estar contaminada por la sospecha de que se excluye a un candidato porque las decisiones que tomó en su carrera afectaron a alguna de las fuerzas que participan en esa tarea. El PP afirma simplemente que se propone excluir a Podemos de la negociación, pero De Prada fue propuesto por los socialistas ya en 2018, y aceptado entonces por la formación conservadora. Quedan así una argumentación hipócrita y un intenso aroma de penalización por bajos cálculos partidistas que no deberían tener lugar en un proceso de estas características. El gesto proyecta una nueva y alarmante sombra sobre la separación de poderes. El mensaje viene a decir que si algún juez falla contra un partido, ese partido podrá luego obstaculizar su carrera pese a su alto grado de cualificación profesional. Se trata de una actitud muy dañina para el funcionamiento de las instituciones, en la medida en que revela un inaceptable uso de las mismas como arma de castigo.

La Constitución establece que una parte de los vocales del Consejo sean elegidos por el Parlamento entre profesionales de reconocida competencia y amplia experiencia. De Prada tiene una larga, acreditada y solvente trayectoria en la Audiencia Nacional. Además, su prestigio internacional es muy notable, y lo llevó a formar parte como juez en el tribunal de crímenes de guerra de Sarajevo y en el tribunal de apelación en el caso contra Radovan Karadzic. Nadie discute que se trata de un magistrado comprometido con valores progresistas, pero eso no merma su capacidad de cumplir escrupulosamente y con independencia de juicio su cometido como vocal del Consejo. Otra consideración pueden tener reticencias ante candidatos que hayan sido representantes de partidos; pero por meros valores de un signo u otro, no puede ser.

La posición abanderada ahora por el PP revela graves contradicciones: al mismo tiempo que defiende despolitizar la justicia y asegura querer pasar de página de conductas corruptas del pasado de su partido, Pablo Casado veta al juez que tuvo un destacado protagonismo en la primera sentencia del caso Gürtel. Si quiere dejar el pasado atrás, un buen paso sería valorar sin prejuicios la trayectoria de De Prada. Si quiere que la justicia sea independiente, mejor no establecer antecedentes como este.

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