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El hallazgo de una fosa con 59 cuerpos en Guanajuato desnuda nuevamente la salvaje violencia en el Estado

Al menos 59 cuerpos, la mayoría de ellos identificados como hombres jóvenes y entre los que se detectaron entre 10 y 15 mujeres, han sido hallados en varias fosas clandestinas en las afueras del municipio de Salvatierra, un pequeño enclave en el Estado de Guanajuato, en el centro de México. “Puede ser uno de los más grandes hallazgos en el Estado de Guanajuato hasta el momento”, dijo el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Héctor Díaz Esquerra. La Comisión sospecha de otros “posibles puntos positivos”, por lo que la búsqueda no ha terminado. El hallazgo de estas fosas clandestinas se da apenas un mes después de que la Fiscalía estatal anunciara la detección de al menos 15 cuerpos enterrados en bolsas plásticas a las afueras de la ciudad de Irapuato, una de las más grandes de la entidad. La guerra por el control de las plazas entre dos organizaciones criminales y la ineficacia de los cuerpos de seguridad han convertido a Guanajuato –que hoy convive con casi 14 asesinatos diarios– en el Estado más violento de México en los últimos dos años.

Los rastrillajes comenzaron el pasado 20 de octubre en varias fincas del barrio de San Juan, a las afueras de Salvatierra, después de una solicitud presentada por familiares de personas desaparecidas. En el operativo intervienen más de 80 personas de asociaciones civiles, colectivos de familiares, la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa y de las comisiones tanto estatal como nacional de búsqueda de personas. “Estas 59 personas tienen un nombre y apellido, una familia que los está buscando. Si saben de alguien que no ha denunciado una desaparición, se acerquen a nosotros para poder realizar los exámenes genéticos, con o sin denuncia” pidió la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna.

Guanajuato vive desde hace dos años una guerra entre capos en la que la fuerte presencia de la Guardia Nacional ha demostrado ser poco eficaz. El pasado mes de julio comenzó con el homicidio de 24 personas en un centro de rehabilitación en la ciudad de Irapuato, unos días después de que un estruendoso operativo capturara a 31 presuntos colaboradores del cartel de Santa Rosa de Lima, de los que 26 fueron liberados al día siguiente. El Gobierno mexicano había puesto sus ojos en la batalla contra el huachicol, el robo de combustible, y en un año triplicó la presencia de la Guardia Nacional en el Estado, de 2.000 efectivos en agosto de 2019 a 6.699 en julio de este año, según informó el Gobierno estatal a mediados de ese mes.

El pasado agosto, el Gobierno central admitió que los niveles de violencia habían escalado en toda la entidad después de la captura de José Antonio Yépez, alias El Marro, líder del Santa Rosa de Lima. La caída del criminal, el primer gran capo capturado durante el Gobierno de López Obrador, supuso entonces un giro en la retórica oficial que desde la campaña presidencial había prometido terminar con la guerra abierta entre las instituciones y las bandas criminales. Durante casi un año y medio, desde la entrada al poder de López Obrador a finales de 2018 hasta la captura de Yépez, la presencia militar y policial en Guanajuato configuraba sus calles como un campo de batalla, en el que cada nuevo operativo del Gobierno contra algún objetivo de Santa Rosa de Lima terminaba con tiroteos y vehículos y comercios incendiados.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda, al menos 2.483 personas han sido reportadas como desaparecidas y 3.438 han sido asesinadas en Guanajuato tan solo en lo que va de 2020. El robo de combustible y la disputa por territorios de influencia entre los carteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima han ocasionado tales niveles de violencia que el Estado pasó de ser uno de los más prósperos de México al más violento del país en tan solo dos años.

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