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El Gobierno trata de recuperar el dinero de los test defectuosos tras comprobar que el reemplazo tampoco funciona

Un trabajador sanitario toma una muestra nasofaríngea para realizar una prueba de coronavirus en Nápoles, Italia.Un trabajador sanitario toma una muestra nasofaríngea para realizar una prueba de coronavirus en Nápoles, Italia.CIRO FUSCO / EFE

Segunda decepción. El Gobierno trata de recuperar el dinero que pagó por los 640.000 test de antígeno que compró a través de un distribuidor español a la empresa china Bioeasy. Lo hace tras comprobar que las pruebas con las que la compañía pretendía reemplazar a las originales, que son de antígeno pero usan un método distinto, no funcionan. Como ocurrió la primera vez, tampoco estas cuentan con la sensibilidad necesaria, es decir, tienen una alta probabilidad de no detectar el coronavirus en una persona que esté efectivamente contagiada.

Bioeasy mandó una muestra de los test, que usan el método de la fluorescencia, y el Instituto de Salud Carlos III los sometió a análisis. Finalmente, al ver que no contaban con la sensibilidad requerida, el Gobierno decidió cancelar completamente el pedido. Sanidad ha confirmado a EL PAÍS que se ha iniciado un expediente de reintegro para recuperar lo que pagó por los test. El ministerio sigue sin desvelar cuánto le costó el encargo a Bioeasy y quién es el misterioso intermediario español que hizo la operación. Sanidad no está publicando los contratos de compras de material sanitario pese a que la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha emitido un informe en el que asegura que debe hacerlo.

A finales de marzo el Ministerio de Sanidad tuvo que mandar de vuelta a China 58.000 test rápidos diagnósticos del total de 640.000 que había comprado para iniciar cuanto antes las pruebas masivas a profesionales de la salud y a trabajadores y residentes en residencias de mayores. Le habían llegado dos envíos: uno inicial de 8.000 unidades y otro de 50.000. Al comprobar varios laboratorios de hospitales madrileños en análisis de fiabilidad clínica que la sensibilidad era de un 30%, cuando según las especificaciones debía superar el 80%, Sanidad decidió devolverlo todo y cancelar los siguientes envíos que estaban previstos. La empresa propuso sustituir todo el pedido por otro tipo de test de antígeno, también rápido (unos 15 minutos) pero que necesitaba una máquina para leer el resultado.

El primer test utilizaba el método coloidal y no necesitaba ningún equipamiento (los kits incorporaban todo lo necesario para hacer 25 determinaciones que se leían como si se tratara de un test de embarazo). El segundo, con el método de fluorescencia precisaba un analizador y lector. La empresa china, explicaron fuentes del Instituto de Salud Carlos III, iba a regalar las máquinas necesarias como compensación por lo ocurrido.

Después de que EL PAÍS desvelara que los test no funcionaban al no ser tan fiables como aseguraba la empresa fabricante, la Embajada china en España alertó de que Bioeasy carecía de licencia en China. El Gobierno contestó que la compañía contaba con los permisos para exportar a la Unión Europea y que no había comprado los test rápidos directamente al productor sino a un distribuidor español. La patronal del material médico y sanitario, Fenin, asegura que no es ninguno de sus asociados.

Poco después de este fiasco, preocupada por la imagen internacional de sus productos, China decidió tomar las riendas de las exportaciones de material sanitario. Desde principios de este mes, las empresas que fabriquen los productos exportados tendrán que estar registradas oficialmente en China además de contar con la correspondiente homologación extranjera. En el caso de Bioeasy, sus test estaban homologados por dos empresas certificadoras europeas que no analizan la calidad del producto sino que se limitan a revisar la documentación aportada.

La compra de estos test se produjo antes de que España cerrara con China una compra de material sanitario por valor de 532 millones de euros. China proporcionó un listado de proveedores fiables. Según informó en su momento el ministro Salvador Illa, el acuerdo incluye el suministro durante ocho semanas de mascarillas para pacientes y profesionales mediante tres proveedores distintos y 5,5 millones de test rápidos serológicos de dos proveedores. Estos, que detectan anticuerpos y por tanto no sirven para detectar la enfermedad en los primeros días de infección, son los que finalmente han empezado a usarse para ampliar el número de pruebas diagnósticas como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno ya ha renunciado por tanto a los test de antígeno en los que puso tantas esperanzas hace unas semanas. Este tipo de test ya ni siquiera se contemplan en los últimos protocolos de diagnóstico de la Covid-19. España se enfrenta a la siguiente fase de la epidemia, el desconfinamiento o desescalada, con los test de anticuerpos y las PCR, el método más fiable y más costoso. Con ellos deberá testar y rastrear de forma masiva para dar con los afectados antes incluso de que tengan síntomas y poder aislarlos cuanto antes.

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