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El Gobierno negocia la prórroga del estado de alarma con Cs y PNV pero cree que saldrá adelante

El Gobierno y grupo socialista llevan varios días intentando amarrar el voto del PNV y de Ciudadanos para garantizar que el decreto de estado de alarma sale adelante incluso aunque el PP optara por el no, algo que La Moncloa sigue considerando poco probable. El mensaje que han trasladado en el Consejo de Ministros desde la cúpula del Ejecutivo es que el decreto va a salir, aunque las negociaciones siguen en varios frentes: uno el del propio decreto, que ha sido retocado para garantizar la “cogobernanza” de la desescalada que ha prometido el Ejecutivo a los nacionalistas; otro el de algunas enmiendas en el Congreso, que se tienen que presentar esta tarde y votar mañana; y otro con compromisos políticos más informales, sobre todo el de mantener informado al minuto a todos, también a Ciudadanos, que se queja de que está ofreciendo apoyo y sin embargo el presidente, Pedro Sánchez, ha estado 16 días sin hablar con Inés Arrimadas. El PNV pide más autonomía para las comunidades, y Cs más garantías de cuándo se acabará la alarma, que se desvinculen las medidas de ayudas económicas del decreto -para evitar la presión de tener que votar siempre a favor porque si no se perjudica a los ciudadanos- y también más participación en las decisiones. El problema es que el Gobierno lleva mucho tiempo prácticamente sin hablar con Ciudadanos. Con el PNV las relaciones son mucho más fluidas.

Para que salga adelante la prórroga hace falta mayoría simple, es decir más votos a favor que en contra. De momento han anunciado que votarán que no Vox, ERC, Junts per Catalunya y la CUP. Si el PP pasa al no, habría 164 noes entre los 350 escaños del Congreso. Para lograr más síes, si el PNV se abstiene, el Gobierno necesita a Ciudadanos porque solo cuenta con los 155 síes de la coalición más algunos pequeños que le ayudarán, pero se pondría en unos 160. SI el PNV pasara al sí, que es lo que está negociando con ellos, sus seis diputados llevarían los síes a 166 y el Ejecutivo estaría más tranquilo, porque los noes difícilmente superarán los 164. El BNG por ejemplo ya ha confirmado su abstención, por ejemplo, y Bildu también parece estar en esa posición. Con PNV y Ciudadanos en el sí la votación ya sería cómoda y si el PP se abstiene finalmente ya sería muy sencilla.

Las conversaciones en las últimas horas han sido frenéticas y han participado no solo la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha llevado el principal peso político en la negociación con Andoni Ortuzar, del PNV, sino también la portavoz parlamentaria Adriana Lastra, la ministra de Hacienda María Jesús Montero o Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y responsable de coordinar el plan de desescalada.

El sudoku que supone negociar a la vez con el PNV y con Ciudadanos, dos grupos siempre enfrentados por su visión opuesta del modelo de reparto de competencias, está poniendo a prueba la resistencia del Gobierno, que ha tenido que improvisar una nueva mayoría ante el abandono de ERC ―que ha optado por el no, aunque el Ejecutivo intentará hasta el final que haya un giro― y la amenaza del PP, que en principio está en la abstención pero podría complicar mucho la votación si pasara al no. Ministros consultados señalan que el ambiente que se traslada en la cúpula es que no está realmente en riesgo una derrota del decreto de alarma que sería un varapalo inmenso para el Ejecutivo. Como sucedió con la investidura, en el PSOE hacen y rehacen los números del Congreso y creen que serán suficientes incluso aunque el PP vote no porque los 10 diputados de Ciudadanos seguirá ganando el sí y esto facilitará mucho las cosas. El PNV está más cerca de la abstención que del sí. “Espero que el Gobierno español tenga en estas horas cintura política, tiene que haber un mando único compartido para la desescalada”, ha avisado Andoni Ortuzar en Tele 5. El líder del PNV ha dado por hecho que habrá margen para que cada autonomía pueda aplicar sus medidas.

El problema ahora no es solo esta prórroga del estado de alarma, es que aún quedarían otras dos, y el riesgo de perder la votación crece cada semana. En el pleno del Congreso de este miércoles, con la excepción de Unidas Podemos, todo serán reproches al jefe del Ejecutivo por haber actuado con unilateralidad en la toma de decisiones, a pesar de sus siete reuniones dominicales con los presidentes de las comunidades y las permanentes comunicaciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los consejeros de sanidad.

En este tiempo, los jefes de los partidos, sobre todo Pablo Casado, del PP, ha articulado un discurso de reproche sobre la actitud de Pedro Sánchez, al tener con él una mínima comunicación, que cree le justifica para desvincularse de la nueva prórroga del estado de alarma. Todo ello, sin necesidad de presentar una alternativa precisa las actuaciones que permite esa figura constitucional, restrictiva de derechos.

Aunque el PP coincida con los nacionalistas en denostar el estado de alarma con el argumento de que la legislación española permite hace lo mismo sin dar esos poderes al gobierno central, el instrumento argumentativo del gobierno consistirá hoy en negarlo. Si las comunidades autónomas tienen que hacerse con el mando, una a una, Sánchez preguntará cómo se impide a los ciudadanos de Valencia, Murcia o Galicia, salir de su comunidad autónoma; qué poder tiene una autonomía para restringir la libertad de movimiento dentro de la propia comunidad y establecer franjas horarias; sobre qué base jurídica se ordenan restricciones que afectan a derechos fundamentales.

El Gobierno esgrime estas y otras preguntas para señalar que las comunidades autónomas tienen en vigor todas sus facultades, como la de compras de material sanitario, pero si lo que pretenden es operar sin un mecanismo, como es el estado de alarma, que armoniza las instrucciones en toda España, “el caos está asegurado”, señalan fuentes socialistas.

Los partidos votarán este miércoles en contra o se abstendrán, pero desde el Gobierno central se confía en que esa actitud no tendrá el apoyo mayoritario de la población, por muy crítica que sea con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aun así, el Gobierno llega tarde en su intento de establecer en horas las complicidades que no ha tejido durante semanas. Se aceleran los contactos con el PNV, pero ya en busca de la abstención. De los socios de la investidura apenas queda recuerdo. ERC, votará en contra, por primera vez; Junts per Catalunya, también, junto a Vox y a la CUP.

La debilidad del Gobierno se pondrá este miércoles de manifiesto en el Congreso, pero aún queda para recuperar terreno otras posibles tres votaciones. Su baza será empezar de nuevo en las relaciones con el resto de los partidos.

El BNG ha confirmado que esta vez no ayudará al Gobierno, aunque no pasará al no como ERC. “No podemos avalar una línea de acción en la que el Gobierno español persiste a pesar de haberse evidenciado como profundamente equivocada”, esgrimen en la formación en la que critican que el estado de alarma “supone decidir todo desde Madrid con criterios uniformes sin tomar en consideración las características” de cada territorio. En el caso de Galicia, consideran que el proceso de desescalada es “inadecuado e ineficaz” porque no tiene en cuenta la dispersión de la población, informa Sonia Vizoso.

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