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El Gobierno aprueba el aplazamiento de impuestos para 3,4 millones de pymes y autónomos

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.Efe

El Gobierno ha dado luz verde in extremis a la ampliación de los plazos para presentar los pagos de declaraciones de impuestos de autónomos y pymes. La medida, aprobada este martes por el Consejo de Ministros y adelantada la semana pasada por EL PAÍS, establece que las empresas que facturen menos de 600.000 euros tengan tiempo hasta el 20 de mayo para el pago de las declaraciones trimestrales de los tributos (retenciones de IRPF, IVA y pago fraccionado de personas físicas y Sociedades), en lugar que hacerlo el 20 abril previsto inicialmente. Asimismo, el plazo para las domiciliaciones se amplía desde mañana 15 de abril hasta el 15 de mayo.

“Esta medida podrá beneficiar a entorno a 3,4 millones de contribuyentes, lo que representa un 95% del total de empresas y autónomos que tienen que presentar su declaración tributaria en el mes de abril”, ha dicho este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ya había adelantado la intención del Gobierno el pasado viernes tras el Consejo de Ministros extraordinario. Esta medida había sido reclamada con fuerza durante las últimas semanas por asociaciones de empresas y autónomos, economistas y asesores fiscales, en un momento de escasa liquidez y dificultades prácticas para confeccionar las declaraciones. El aplazamiento, que proporcionará algo de oxígeno a las actividades más asfixiadas por la crisis, llega justo al límite del periodo fijado para presentar las declaraciones.

“El próximo miércoles 15 de abril termina el plazo para domiciliar el pago de las liquidaciones que salgan a ingresar, por lo que el anuncio de la aprobación de la ampliación del plazo para presentar las autoliquidaciones tributarias por el Consejo de Ministros, del martes 14 de abril, crea mucha incertidumbre”, remarcaba el pasado sábado en una nota el Consejo General de Economistas (CGE), que recibió de manera favorable el anuncio del Gobierno.

Según cálculos del Ejecutivo, la moratoria fiscal aprobada este martes tendrá un impacto de 3.558 millones en la liquidez de los colectivos beneficiarios. Esta medida se suma a otras aprobadas con anterioridad para ayudar a pymes y autónomos a hacer frente a esta crisis sin precedentes. Entre ellas, el aplazamiento hasta 30.000 euros durante seis meses, con tres de carencia, para el pago de impuestos -para actividades con volumen de facturación inferior a los seis millones de euros-, una moratoria de seis meses en las cuotas a la Seguridad Social para pymes y autónomos y otra moratoria para el pago de la hipoteca de oficinas y locales comerciales.

Montero también ha desgranado algunos datos sobre las líneas de crédito del ICO: se han aprobado más de 48.000 operaciones avalando el Estado 4.739 millones, de los cuales 3.625 corresponden a pymes y autónomos. “Estamos convencidos de que esto va a representar un auténtico salvavidas para que muchas empresas que se encuentran con fuertes tensiones en su tesorería puedan realmente hacer frente a sus obligaciones”, ha dicho la ministra.

Montero ha añadido que, hasta el pasado lunes, la Seguridad Social ha registrado 941.000 solicitudes para cobrar la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, y que casi 780.000 autónomos han recibido la conformidad. “Se conceden en torno al 98% de las tramitadas”, ha asegurado la minisitra.

Cambio en el régimen de módulos, para más adelante

El pasado viernes, la ministra de Hacienda también adelantó que los autónomos que cotizan por módulos podrán pasar a hacerlo de forma extraordinaria por estimación directa, pero la medida finalmente no ha sido aprobada en el Consejo de Ministros de este martes. Montero ha sin embargo asegurado que se está trabajando en ella y que verá la luz más adelante.

La diferencia es relevante. Mientras que la estimación directa implica declarar según la facturación obtenida, el sistema de módulos facilita la contabilidad del contribuyente al permitirle pagar los impuestos no en función de los ingresos y gastos de la actividad, sino a través de una cantidad fija en función del tipo de negocio y sus características. Este modelo es elegible solo para determinados negocios y profesiones (por ejemplo, pequeñas tiendas de alimentación, peluquerías o transporte por carretera hasta un cierto tope de facturación) y los requisitos para acceder a ello han ido endureciéndose tras la aplicación de medidas más estrictas contra el fraude fiscal.

El sistema de módulos, hasta el momento considerado más ventajoso, tiene sin embargo un inconveniente en el actual contexto de crisis, ya que no refleja la real pérdida de ingresos sufrida.

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