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El Gobierno aplaude la contundente reacción del Rey y remite a la justicia

Felipe VI y Juan Carlos I, durante la pascua militar de 2018.Felipe VI y Juan Carlos I, durante la pascua militar de 2018.JUANJO MARTIN (AFP)

El Gobierno aplaudió este lunes la contundencia del Rey al renunciar a cualquier herencia económica de su padre y retirarle la asignación de los presupuestos del Estado pero respaldó, como la mayoría de los partidos, que se conozca el origen del dinero que pueda tener Juan Carlos I en Suiza. La Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional aguardan desde hace tres meses a que la justicia suiza les remita la documentación que acredita la supuesta cuenta del rey emérito.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elogió la decisión de Felipe VI, que calificó de “declaración de confianza en las instituciones”, pero al mismo tiempo defendió que los españoles conozcan lo ocurrido. “Este país necesita evidentemente saber. Es un país transparente y que necesita seguir confiando en sus instituciones”, alegó, instando a dejar que sean las autoridades judiciales suizas y españolas las que investiguen.

Por su parte, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, calificó de “respetable y contundente” la decisión del Rey, aunque subrayó que en este momento la prioridad es superar la crisis del coronavirus.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, calificó de “muy grave” lo sucedido e instó a “aclararlo todo” y “modificar las leyes que impiden dar transparencia a las actividades” de la Casa Real. Para Gabriel Rufián, de ERC, el comunicado de La Zarzuela es “una confesión en toda regla y una enmienda a la Corona”. Tanto Podemos como varios grupos nacionalistas anunciaron que intentarán reactivar la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el Rey emérito. Hace solo una semana la Mesa del Congreso rechazó admitir a trámite la propuesta porque los letrados de la Cámara advirtieron de que no procedía su tramitación conforme a los antecedentes y la interpretación que viene haciendo el Constitucional.

Frente a las críticas de otros partidos, la posición de la Casa Real fue respaldada de inmediato por el PP, Ciudadanos y Vox y algunos parlamentarios de esos partidos, como el popular Rafael Hernando, reiteraron su apoyo asegurando que se trata de una decisión dura pero ejemplar.

En su comunicado, la Casa del Rey aseguraba que Felipe VI no tenía constancia de que figurase como beneficiario de ninguna fundación en el extranjero y agregaba que, de ser así, se habría hecho en contra de su voluntad y sin su consentimiento. No obstante, admitía que un despacho británico de abogados se puso en contacto hace un año con La Zarzuela para comunicar tal circunstancia y agregaba que el Rey acudió a un notario para renunciar expresamente a cualquier beneficio que pudiera corresponderle de las cuentas que tuviera Juan Carlos I.

La justicia española ya ha remitido a Suiza toda la información de que dispone sobre el presunto pago de comisiones en la obra del AVE a La Meca pero, acogiéndose a un problema burocrático, la Fiscalía helvética no ha enviado aún la documentación obtenida en Ginebra.

La Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional aguardan desde hace tres meses a que la justicia suiza les envíe la documentación que acredita la supuesta cuenta suiza del Rey emérito en la banca privada Mirabeaud, en la que Felipe VI figuraría como segundo beneficiario.

La Fiscalía suiza reclama el documento original de la petición de ayuda remitida a Ginebra en diciembre por el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón y por el fiscal encargado del caso Luis Pastor, un original que según fuentes judiciales españolas sí ha sido enviado. Anticorrupción ha pedido la documentación a Suiza hasta en tres ocasiones. La última, en febrero.

Para desbloquear la situación, el juez Manuel García Castellón, cuyo juzgado sobreseyó en septiembre de 2018 la pieza sobre las cintas de Corinna Larsen y las supuestas cuentas suizas del Juan Carlos I, ha hablado con el fiscal Yves Bertossa que dirige la investigación en Ginebra. Pero el problema es ajeno a este fiscal, que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales que sigue sin resolverse.

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