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El Gobierno abre el proceso para decidir el futuro de los residuos radiactivos en España

Cuando pase la enorme crisis del nuevo coronavirus, los residuos radiactivos generados durante décadas en las centrales nucleares de España seguirán aquí, activos. Pero el país continúa sin tener claro qué hacer con esos desechos. Enresa, la empresa pública encargada de su gestión, ha enviado este lunes al Gobierno su propuesta de actualización del plan general de residuos radiactivos. Enresa articula ese documento sobre la base de que España deberá contar con un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para guardar esos residuos en un solo emplazamiento en 2028.

Actualmente, los residuos más peligrosos —fundamentalmente, el combustible gastado de las cinco nucleares operativas en el país— los guarda principalmente cada central en sus instalaciones. Si la situación siguiera así, cuando fueran cerrando las centrales —las últimas en hacerlo serán en 2032 Trillo y Vandellós―, cada planta nuclear debería construir instalaciones adicionales para poder tratar los residuos durante las próximas décadas. El debate sobre si se necesitaba uno o varios silos parecía cerrado hace tiempo y el propio Congreso abogó por construir un solo ATC en varias ocasiones. El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero abrió cuando estaba en La Moncloa algo parecido a un concurso y varios municipios se mostraron dispuestos a albergar ese almacén. En diciembre de 2011, en su primer Consejo de Ministros tras ganar las elecciones, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) designó entre todos las localidades a Villar de Cañas (Cuenca) para la construcción del silo.

María Dolores de Cospedal (PP), entonces presidenta de Castilla-La Mancha, fue la gran valedora de Villar de Cañas. Pero, cuando su partido perdió las elecciones en 2015 y el PSOE volvió a gobernar esa comunidad autónoma, el silo de Cuenca perdió un importante apoyo. La Junta de Castilla-La Mancha abrió entonces una guerra contra el ATC apoyándose en las dudas sobre la mala calidad de los suelos elegidos del emplazamiento designado. En julio de 2018 el Gobierno central, otra vez en manos del PSOE, decidió paralizar el proceso para la construcción del almacén en Villar de Cañas. Y, finalmente, Enresa archivó a finales de este mes de febrero el concurso para la obra principal del silo, que superaba los 217 millones de euros.

Preguntada en una entrevista con EL PAÍS sobre este asunto, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dio casi por muerto el proyecto de Villar de Cañas. Y abogó por “abrir el debate” sobre los residuos nucleares y decidir si “hay que instalar uno, dos o tres emplazamientos y si hay que hacerlo por regiones”.

El plan presentado de Enresa se basa en la apuesta por un solo almacén, ese ATC que debería estar construido en 2028 para que empezaran los desmantelamientos de las centrales para cumplir con el calendario de clausura acordado entre el Gobierno y las propietarias de las nucleares, las compañías eléctricas. En total, el plan establece un coste total para el tratamiento de los residuos nucleares de alta intensidad y del combustible gastado de las centrales de 8.218.988 millones de euros entre 2020 y 2100. En esta millonaria cantidad se incluye el coste del ATC, pero también del futuro almacén geológico profundo que deberá operar a partir de 2073, además de los costes de gestión durante los ochenta años que prevé el plan de Enresa.

Aunque la apuesta de esta empresa pública ―que se financia principalmente con las tasas que pagan las centrales nucleares― es por un solo almacén, en la memoria ambiental del plan se contempla también la construcción de varios se ATD (Almacenamiento Temporal Descentralizado), detallan fuentes de Enresa. Pero ese análisis descarta esa solución por tener más impactos medioambientales. En todo caso, indican las mismas fuentes, la decisión de apostar por un solo silo, el ATC, puede cambiar durante la compleja tramitación que se abre ahora y que se prevé que duré unos dos años, según calculan en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Cuando el Consejo de Ministros lo apruebe, será la séptima actualización que se realiza en España del plan general de residuos radiactivos. El anterior data de 2006, contemplaba que el ATC debería haber estado operativo en 2010 y se debería haber actualizado en 2015, según señalan en el departamento de Teresa Ribera. Preguntados sobre por qué ahora, en plena crisis del coronavirus, se inicia este proceso, tanto el ministerio como Enresa recuerdan que la Comisión Europea abrió a finales de 2019 un expediente sancionador a España por no haber aprobado este plan y no haberlo actualizado a las directivas comunitarias.

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