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El desconcierto crece en Lleida mientras el Govern busca fórmulas jurídicas para garantizar el confinamiento

Vista del hospital de campaña establecido en Lleida.
Vista del hospital de campaña establecido en Lleida.Rmón Gabriel / EFE

Lleida ha amenecido este lunes sin saber hasta qué punto los habitantes de la ciudad están o no confinados tras el revés judicial de anoche contra las medidas de la Generalitat para limitar los movimientos por el rebrote de coronavirus. La consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha asegurado que la Generalitat buscará “el camino jurídico” para poder aplicar las medidas de confinamiento por el rebrote de coronavirus en la comarca del Segrià (Lleida), para prohibir toda salida y entrada a Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat. El objetivo de la Generalitat es limitar los movimientos de los 160.000 habitantes de la zona mientras crece el desconcierto entre la población, según ha denunciado el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo.

En una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio, la consejera ha reaccionado así a la decisión de la jueza del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, que no ratificó este nuevo confinamiento, porque ve desproporcionada la resolución del Govern, cuyo objetivo “no es sino eludir la aplicación del estado de alarma parcial” y alega que ésta es una competencia estatal.

Vergés ha afirmado que buscarán la seguridad jurídica, ha pedido a la ciudadanía que se quede en casa y salga “solo para trabajar y comprar lo necesario”, y ha alertado de que el riesgo de transmisión del coronavirus en esta zona es alto. “No tomamos medidas por gusto. No dejaremos de trabajar por la salud de la gente”, ha sostenido Vergés, que ha añadido que el Gobierno es conocedor de las medidas que ha tomado la Generalitat, ya que así se lo ha comunicado al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La consejera ha avisado de que la situación es grave como para poner “los asuntos jurídicos por delante de la gente” y ha explicado que, aunque la decisión de la jueza se pueda recurrir, los recursos tardan unos días y estas medidas se deben tomar cuanto antes mejor para evitar que los datos de contagio vayan a peor. “La ley de Salud Pública es clara. Tenemos potestad para pedir ciertas cosas respecto a la actividad económica”, ha subrayado Vergés, que asegura no entender cómo se puede parar algo tan serio como esto, en sus palabras.

Preguntada por si la situación se resolvería si el Govern pidiese al Gobierno que se aplicase el estado de alarma, Vergés ha insistido en que en el Ejecutivo central “en este marco colaborativo” conoce estas medidas y ha calificado de mala apuesta esa vía.

“No hay argumentos jurídicos”

Por su parte, el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha pedido a primera hora de este lunes “claridad” sobre la decisión de confinar la zona por el rebrote de coronavirus y ha puesto en duda que la juez del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida pueda “decidir sobre la situación sanitaria”. “Me acosté con el espíritu del fiscal y me he levantado con la interlocutoria de la juez”, ha asegurado Pueyo en una entrevista en RNE.

Desde su punto de vista, “no hay elementos o argumentos de tipo jurídico” que lleven a una juez a no confinar el territorio, y se deberían “estar tomando decisiones sobre bases científicas o sanitarias”. En este sentido, el alcalde ha reconocido una “sensación de desorden” y de “disgusto”, sumado ahora a la “incertidumbre” tras la decisión de la juez. A su juicio, son Gobierno y Generalitat los que “deben llegar a un acuerdo”.

Pueyo ha recordado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reclamó públicamente que se adoptasen “medidas más contundentes” en la región. “Tenemos 108 personas ingresadas, 13 en la UCI, y la edad media ha disminuido hasta los 55 años”, ha alertado. Así, el alcalde ha insistido en que necesita “seguridad, claridad” y también “medidas concretas”, por lo que ha solicitado a la Generalitat catalana “más recursos” para enfrentar el brote de covid-19 y parar la transmisión comunitaria.

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