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El coronavirus abre un frente entre Trump y el poder de los Estados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa este lunes.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa este lunes.Alex Brandon / AP

Donald Trump ha abierto un nuevo frente de batalla político en Estados Unidos al arrogarse la autoridad “total” a la hora de planificar la vuelta a la normalidad del país frente al poder que la Constitución reserva a los Estados, que han sido, de hecho, los que han decidido imponer diferentes grados de confinamiento, cada uno en su momento, para frenar la expansión del coronavirus. “Cuando alguien es presidente de Estados Unidos, la autoridad es total. Y así es como debe ser. Total”, resaltó el presidente el lunes en la Casa Blanca, con el argumento de la crisis sanitaria que atraviesa EE UU, y desatando las críticas de políticos y expertos legales.

Trump se expresó de este modo el mismo día en que los gobernadores de Nueva York (zona cero de la pandemia en EE UU), Connecticut, Delaware, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island anunciaron crear un grupo de trabajo para planificar una gradual vuelta a la normalidad. Y los de California y sus vecinos de la costa oeste (Oregón y el Estado de Washington) comunicaron que harían lo propio.

La pandemia ha exhibido la diversidad y complejidad que supone el sistema federal estadounidense. La Casa Blanca ha aprobado directrices generales de aislamiento social, guías, pero cada gobernador ha establecido las órdenes que ha considerado convenientes. Mientras gobernadores de Estados rurales como los de Dakota del Sur o Nebraska se han resistido a emitirlas (aunque haya recomendaciones y otras limitaciones a nivel local), argumentando la diferencia de sus circunstancias respecto a sitios como Nueva York; otros como Virginia han ido más allá de las recomendaciones de la Administración de Trump. Este ha promovido el confinamiento hasta el 30 de abril, de momento, y Virginia lo ha aprobado hasta el 10 de junio.

El presidente quiere reactivar la economía cuanto antes y ha formado un consejo de expertos -que esperaba anunciar este martes por la tarde- para planificar la hoja de ruta. Antes de la rueda de prensa del lunes, ya había apuntado hacia dónde dirigiría el mensaje del día. “Algunos medios mentirosos están diciendo que es decisión de los gobernadores abrir los Estados, no del presidente y del Gobierno federal, entiendan bien que es incorrecto, es decisión del presidente, por muchos motivos”, escribió en su cuenta de Twitter previo a la conferencia.

Algunos expertos constitucionales y políticos (también republicanos) se llevaron las manos a la cabeza este lunes por la noche cuando Trump se expresó de este modo -“La autoridad es total”-, poniendo en cuestión buena parte del esquema fundacional del país. La congresista republicana por Wyoming Liz Cheney, hija del famoso halcón Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush, replicó acto seguido en su cuenta de Twitter que el Gobierno federal “no tiene poder absoluto” y citó la Décima Enmienda de la Constitución, según la cual: “Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, están reservados a los Estados, respectivamente, o al pueblo”. “El presidente no tiene autoridad total. Tenemos una Constitución. Nosotros no tenemos rey”, espetó, por la noche en la CNN, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

De hecho, a los padres de la Carta Magna de Estados Unidos les preocupaba todo el poder que el presidente de la joven nación iba a acumular y querían asegurarse de que no se acabaría por convertir en otro rey -habían saboreado al monarca británico Jorge III-, que introdujeron mecanismos de control como el famoso impeachment, que permitiría destituirlo. “El presidente no tiene autoridad formal ni legal para revertir las órdenes de confinamiento de los Estados o los municipios. No hay norma que le delegue ese poder, ninguna provisión constitucional”, señaló este martes, en su cuenta de Twitter, el profesor de Derecho de Texas, Steve Vladeck.

Esto no quiere decir que cada Estado es una república completamente independiente. Una ley federal prevalece sobre una norma estatal si entran en contradicción. Y el Gobierno federal goza de amplios poderes en una situación de emergencia como la actual, empezando por la propia declaración, que el presidente aprueba sin el visto previo del Congreso. Esa emergencia concede al mandatario amplios poderes, como el de imponer cuarentenas a extranjeros y entre Estados, o la que le confiere la recién activada Ley de Producción de Defensa, que data de la Guerra de Corea y le ha servido para obligar a General Motors a fabricar respiradores.

Sin embargo, ninguna de ellas concede al presidente la potestad de anular o impulsar medidas de confinamiento dentro de cada Estado. El Congreso podría aprobar leyes que contradigan las actuales normas de algunos Estados y, de facto, obligarlos a suspenderlas, pero nada en la Constitución otorga explícitamente al presidente la potestad de revertirlas.

Eso no convierte a Trump en un convidado de piedra. Las directrices de la Administración federal influyen en la opinión pública y en los gobernados por cada Estado. Además, como explica el experto constitucionalista Vladeck, un presidente “puede presionar a los Gobiernos estatales y locales. Puede enredar con los fondos de emergencia e incluso puede ordenar a los empleados federal volver al trabajo, pero se ha dejado tanto poder a los Gobiernos municipales que, en última instancia, esto también depende de ellos”.

¿Y una situación de guerra o de crisis aguda como la actual no altera esta doctrina? El poder del presidente como “comandante en jefe” abre una vía interpretativa que el vicepresidente, Mike Pence, defendió este lunes. Pence, que fue gobernador de Indiana, alegó que la autoridad presidencial durante emergencias nacionales “es incuestionablemente plena”, y argumentó que se “puede mirar casos del pasado, en situación de guerra y otras emergencias nacionales”. Por ejemplo, durante la guerra de Corea, el presidente Harry Truman declaró la emergencia nacional y se incautó de fresadoras de aluminio para anticiparse a una huelga de los trabajadores del metal con el argumento de que se trataba de equipamiento básico para la Defensa, pero, como recordaba el jurista Robert Chesney en un post reciente, el Tribunal Supremo tumbó esa acción en 1952 “como una usurpación inconstitucional de la autoridad del Congreso”.

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