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El Constitucional ortoga al Estado las plenas competencias sobre el ingreso mínimo vital

El Constitucional ha dictado una sentencia que reconoce la plena competencia estatal sobre el ingreso mínimo vital, rechazando un recurso planteado por la Generalitat de Cataluña, que estima que la regulación de esta prestación invadió competencias autonómicas. La clave de la disputa tiene que ver con el encuadre de la política de ayudas a los sectores más vulnerables. La Generalitat consideraba que, con su regulación, el Estado ha cercenado sus atribuciones en materia asistencial. El Ejecutivo, en cambio, defendió su actuación, reivindicando la garantía del ingreso mínimo vital como una competencia de la Seguridad Social, que debe prestarse de manera uniforme en todo el Estado.

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