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El Constitucional da por hecho que seguirá interino un largo plazo

Los recursos de los condenados por el procés y el presentado contra el decreto del estado de alarma van a retrasar la renovación del Tribunal Constitucional. Los magistrados que componen el tribunal están convencidos de ello y los partidos que podrían pactar los relevos pendientes no creen que se den las condiciones para negociar. En ningún momento lo han hecho y no piensan intentarlo ahora, cuando van a iniciarse las deliberaciones de esos dos asuntos.

El criterio dominante en el Constitucional (cuyo mandato terminó en noviembre pasado) es que hay que hacerse a la idea de que no habrá renovación alguna hasta que se haya dictado sentencia sobre ambas cuestiones. Se trata de recursos muy distintos, pero que tienen un denominador común, el de afectar al ejercicio de derechos fundamentales. En un caso, el de los recursos de amparo de los presos del procés, se cuestiona la labor del Supremo, que les juzgó por rebelión y les condenó por sedición. En el otro, lo que impugna Vox es la limitación de derechos que ha implicado el estado de alarma. Desde perspectivas muy distintas, ambas impugnaciones cuestionan el comportamiento democrático de los poderes ejecutivo y judicial.

El PP no quiere negociar un cambio de mayorías en el Constitucional. El equilibrio actual, aunque siempre puede haber oscilaciones en función del asunto que se trate, es de siete votos a cinco, a favor del sector conservador. Cualquier negociación conduciría a que el bloque dominante se debilitara, porque el PSOE reclamaría un reequilibrio a favor del sector progresista, dada su mayor fuerza parlamentaria.

El Constitucional tiene que renovar a cuatro magistrados y el nombramiento de sus sustitutos corresponde esta vez al Congreso. La mayoría requerida es de tres quintos, es decir, 210 diputados. Entre el PSOE, que cuenta con 120 escaños, y el PP, que suma 88, prácticamente los alcanzan. En la negociación puede influir otro factor, el de la posible combinación de ese acuerdo con el que se precisaría para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato concluyó en diciembre de 2018.

La renovación del Constitucional implica esta vez cuatro relevos, entre ellos el del presidente, Juan José González Rivas, y el de la vicepresidenta, Encarna Roca. Junto a ellos abandonarían el tribunal los magistrados Fernando Valdés Dal-Re y Andrés Ollero, al primero de los cuales, del sector progresista, le ha correspondido redactar la sentencia del decreto de alarma.

Con la renovación, por tanto, saldrían dos magistrados conservadores —González Rivas y Ollero—, uno progresista —Valdés— y otra —Encarna Roca— que las más de las veces ha apoyado al primero de estos sectores. En definitiva, un equilibrio de tres a uno, que el PSOE querría cambiar ahora a su favor, a lo que el PP no está dispuesto.

En cuanto a los recursos del procés, caben pocas dudas de que se rechazarán las principales impugnaciones, si no todas. Hay un bloque de tres magistrados progresistas (Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer) que han apoyado a los líderes independentistas que denunciaron la vulneración de sus derechos de participación política porque no les dejaron ejercer los cargos para los que fueron elegidos en el Parlament, las Cortes y el Parlamento Europeo. Pero hay otro bloque muy consolidado de nueve magistrados que han rechazado todas las peticiones de amparo, incluida esta.

Al Gobierno le viene bien poder justificar ante sus socios de investidura que no puede forzar un cambio de postura del Constitucional en estos recursos, por su actual composición y porque el tribunal ya ha rechazado todos los motivos de amparo presentados por los presos del procés. Y al PP también le conviene no facilitar una renovación del tribunal que pudiera alterar este estado de cosas, al menos mientras el independentismo siga reivindicando como prioridad el derecho a la autodeterminación.

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