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El Congreso vota la convalidación de la derogación del despido justificado por bajas médicas

La derogación por decreto del despido justificado por bajas médicas llega al Congreso para su convalidación justo en plena crisis sanitaria provocada por el coronavirus. El Consejo de Ministros decretó la eliminación de este despido objetivo hace algo más de un mes y lo que hace este miércoles el parlamento es decidir si le da luz verde. Fuentes del Ministerio de Trabajo y del PSOE confían en que saldrá adelante.

Para defender la posición de su departamento y del Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende poner como ejemplo la situación actual de crisis sanitaria. Apuntan fuentes de su ministerio que en circunstancias como las actuales, la existencia del artículo 52.d que derogó el Consejo de Ministros hace más de un mes, podría ser una puerta abierta a muchos despidos. Por eso, Díaz reivindicará la medida en medio de esta crisis sanitaria.

El despido justificado por bajas médicas (era motivo de rescisión objetiva la falta al trabajo ocho días o más en un periodo de dos meses siempre que durante los 12 meses precedentes haya acumulado un 5% de bajas en días hábiles, o por faltar el 25% en cuatro meses) fue una promesa electoral del PSOE y de Unidas Podemos y una de las primeras medidas que aprobó el Gobierno. Era un pequeño hito, pero uno de los primeros, en su agenda de grandes cambios en el Estatuto de Trabajadores. No obstante, todos esos planes han saltado por los aires –al menos en su calendario- con la crisis sanitaria que ha provocado la Covid-19 y la recesión económica que se avecina.

La vía para despedir a un trabajador que faltaba un determinado números de jornadas aunque fuera por un motivo médico justificada estaba abierta en la legislación española desde hace décadas. No obstante, hasta 2012 ese primer requisito estaba vinculado a un segundo: que el centro de trabajo superara un índice de absentismo. Entonces, con la reforma laboral, se eliminó esta última exigencia.

Aunque la medida generó protestas cuando se aprobó, como el conjunto de la reforma, la oposición a ella creció en otoño pasado cuando el Tribunal Constitucional falló que la regulación se ajustaba a derecho. Esto provocó, denunciaron los sindicatos, un aumento de despidos por esta causa. Y, en plena campaña electoral, llegó el compromiso de los partidos que ahora gobiernan de eliminar ese artículo del Estatuto de los Trabajadores que este miércoles vota el Congreso.

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