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El CIE de Aluche cierra por el coronavirus

Un exinterno contempla las instalaciones del CIE de Aluche.Un exinterno contempla las instalaciones del CIE de Aluche.Claudio Alvarez

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del barrio madrileño de Aluche abrió sus puertas en junio de 2005 y desde este viernes permanece cerrado. Los últimos cinco inmigrantes, todos de nacionalidad argelina, abandonaron las instalaciones este jueves, después de varias semanas en las que el centro, gestionado por el Ministerio del Interior y con capacidad para 214 personas, se fue vaciando paulatinamente. El CIE estará cerrado con carácter indefinido, a la espera de que las devoluciones a los países de origen recuperen el ritmo habitual tras las restricciones derivadas de la crisis sanitaria.

Los últimos días del CIE estuvieron marcados por la situación excepcional generada por la pandemia. El 17 de marzo, una veintena de internos se amotinaron para demandar medidas de prevención ante la Covid-19. Los inmigrantes se quejaban de la ausencia de mascarillas, pero también de la situación de uno de sus compañeros, que estuvo varios días confinado en la sala de ingresos por un posible positivo —finalmente desmentido en dos pruebas— y al que se le impidió recibir tratamiento médico fuera del CIE. La situación fue aplacada rápidamente con la promesa de una eventual puesta en libertad de los internos, que finalmente se ha producido. La mediación de la Cruz Roja, que ha gestionado la distribución de los inmigrantes en diversos centros de acogida, ha sido fundamental en este proceso.

Sin embargo, el cierre, más que a razones internas del centro, obedece a un contexto que dificultaba enormemente su continuidad. La clausura de las fronteras provocada por la pandemia de la Covid-19 ha paralizado las repatriaciones de inmigrantes. Y el objetivo de los CIE, es, precisamente, acoger durante un período máximo de dos meses a los extranjeros que se encuentran en situación irregular en España, antes de que sean deportados a sus países de origen. En ese escenario, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se mostró desde el principio partidario del cierre de los centros, al no poder cumplir con la función que les otorga la ley. Durante las últimas tres semanas, los CIE se han ido vaciando progresivamente y varios han cerrado. Ya solo quedan unas pocas decenas de internos en una red con una capacidad total de 866 plazas.

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