Internacional

El Asad destituye al primer ministro en medio de protestas por la grave crisis

Unos sirios compran pan el martes en la localidad de Binnish, en la provincia de Idlib y bajo control insurrecto.Unos sirios compran pan el martes en la localidad de Binnish, en la provincia de Idlib y bajo control insurrecto.OMAR HAJ KADOUR / AFP

En medio de una grave crisis, el presidente de Siria, Bachar el Asad, ha destituido este jueves a su primer ministro, Imad Khamis, en el cargo desde 2016. Será sustituido por el actual ministro de Recursos Hídricos, Husein Arnous. El Gobierno sirio no ha explicado los motivos de la destitución, que se ha producido tras cuatro días de inusitadas protestas en el sur mientras la economía se hunde cada vez más en un país devastado por nueve años de guerra y sin una salida política a la vista. El Ejecutivo mantiene las elecciones del 19 de julio.

“El régimen intenta hacer ver que está tomando medidas frente a las demandas populares”, apunta en una conversación telefónica el activista sirio de la oposición Nour Radwan, ahora refugiado en Europa. “Lo cierto es que en Sueida los manifestantes están exigiendo la caída de Bachar el Asad y su régimen, que durante nueve años ha sido incapaz de hacer nada por sus ciudadanos”, añade sobre unas manifestaciones que se han repetido durante cuatro días en la capital homónima de la sureña provincia de Sueida. Las protestas, de unas 300 personas, han pasado de las exigencias de ayuda económica a pedir “la salida de Bachar el Asad y la caída del régimen”.

Al igual que en el resto del país, esta región mayoritariamente habitada por la minoría drusa (el 3% de la población de 23 millones de habitantes) ha visto cómo numerosos comercios han cerrado sus puertas tras la drástica devaluación de la libra siria (SYP, por sus siglas en inglés), que ha perdido un 60% de su valor frente al dólar. En apenas una semana, la SYP ha marcado un récord histórico negativo. Según la última circular del Banco Central en Damasco, el dólar cotiza oficialmente a 704 libras, mientras que en el mercado paralelo ha llegado a superar las 3.000 libras esta semana. La moneda siria se ha visto arrastrada por la caída de la libra libanesa desde que el pasado octubre estallaron las protestas en Beirut, que servía como puerta trasera a Siria para eludir las sanciones internacionales y como canal informa de importación desde el extranjero.

“Fuera Bachar” o “abajo el régimen” son algunas de las consignas que se han visto en vídeos de Sueida difundidos en las redes sociales. En el país, donde se ha duplicado el precio del pan en las últimas dos semanas, no se habían visto protestas similares desde 2011, solo brevemente en 2015, entre una minoría donde la mayoría de líderes han cerrado filas en torno a El Asad durante los últimos nueve años de guerra. Además, las manifestaciones por el desplome económico se han extendido a la última provincia siria insurrecta de Idlib, en el noroeste, bajo control del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham.

Tras casi una década de conflicto, la contienda siria ha quedado enquistada en sus fronteras. En el plano doméstico, y conforme el Ejército regular sirio ha logrado hacerse con el control del 70% del territorio nacional, la lucha se ha traspasado al ámbito económico, donde las férreas sanciones internacionales contra el Gobierno han agravado los efectos derivados de la pandemia. Según cifras de la ONU, la grave situación económica ha dejado al 83% de la población bajo el umbral de la pobreza.

El Gobierno ha arremetido contra las sanciones internacionales impuestas por la UE y EE UU. Washington tiene pendiente ratificar el próximo día 19 un nuevo paquete de medidas, la llamada Caesar Act, contra personalidades asociadas al presidente sirio y las instituciones públicas. La agencia oficial de noticias siria, Sana, se ha hecho eco de una protesta popular también en Sueida contra las mencionadas sanciones.

En opinión de Samer Aita, economista sirio afincado en París, al sancionar “toda transacción con el Banco Central sirio” y desalentar cualquier exportación o inversión en el país, el peor golpe de estas medidas se lo llevará de nuevo la población. Para el economista, se trata de “una decisión criminal cuando se calcula el impacto que tendrá sobre la población civil”.

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