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El 77% de los presos en semilibertad cumple la pena en casa para evitar contagios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abandona el hemiciclo el Congreso este miércoles tras la sesión de control al Ejecutivo.El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abandona el hemiciclo el Congreso este miércoles tras la sesión de control al Ejecutivo.Ballesteros / EFE

Las prisiones dependientes del Ministerio del Interior siguen vaciando los establecimientos destinados a reclusos en tercer grado o semilibertad para reducir la expansión del coronavirus. El lunes, de los 7.182 presos en este régimen abierto, 5.579 (el 77,6%) cumplían ya sus penas en casa, según datos de Instituciones Penitenciarias a los que ha tenido acceso EL PAÍS. De ellos, la mayoría (5.082) permanecerá en su domicilio vigilado mediante dispositivos telemáticos, habitualmente una pulsera que se coloca en la muñeca o el tobillo del preso y alerta si no cumple las restricciones de movimiento.

A finales de febrero, antes de estallar la crisis sanitaria, el porcentaje de presos en semilibertad a los que se les aplicaba este beneficio era del 37%. Entonces, de los 7.026 reclusos clasificados en tercer grado, solo 2.598 cumplían su pena fuera de prisión. En aquel momento, acudían a dormir a los Centros de Inserción Social y las secciones abiertas de las cárceles 4.428 internos. Ahora solo lo hacen 1.603, aunque parte de ellos es porque no disponen de una vivienda, según fuentes penitenciarias.

El 18 de marzo Instituciones Penitenciarias solicitó a las juntas de tratamiento de las prisiones —órganos formados por profesionales que tienen la última palabra en la concesión de este beneficio— que estudiasen la posibilidad de que estos reclusos permanecieran en sus domicilios sin necesidad de acudir a las prisiones a dormir. Como medida de control, proponía que colocarles pulseras telemáticas o, en su defecto, se realizasen llamadas telefónicas aleatorias a sus domicilios para comprobar que cumplían el confinamiento, medidas contempladas en el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario.

En los siete días siguientes, las cárceles permitieron a 2.151 presos en semilibertad más permanecer en sus casas. Esa cifra ha ido aumentando hasta superar el pasado lunes los 3.000 y llegar a 5.579 los reclusos que permanecen fuera de recintos penitenciarios. Todos se han comprometido por escrito a permanecer en sus domicilios y a salir únicamente para realizar las actividades autorizadas en el decreto de estado de alarma. Este elevado número de beneficiarios es muy superior al número de pulseras de control telemático con el que contaba Instituciones Penitenciarias al inicio de la crisis —aproximadamente 2.500—, por lo que Interior gestionó adquirir más unidades a la empresa israelí suministradora. El pasado lunes, ya eran 2.916 los reclusos que la tenían colocada, mientras que otros 2.166 estaba en fase de instalación o activación, según fuentes penitenciarias.

Para los 1.603 reclusos en tercer grado que siguen teniendo que acudir a dormir a prisión, Interior contempla otras medidas para reducir sus salidas y entradas, por el riesgo de propagación del virus. Se les permite acumular dos permisos ordinarios de cuatro días cada uno y otras tantas salidas de fin de semana de tres días, de modo que permanezcan en su casa hasta dos semanas. Si en algún caso no se pudiera conceder estos permisos, Interior abrió en marzo la posibilidad a conceder salidas extraordinarias de hasta siete días. Para el resto de presos en régimen abierto, se han mantenido sus salidas a trabajar, aunque con precauciones: pernoctan en celdas aisladas y cenan en turnos diferentes al resto de los internos.

Hasta este miércoles, en las prisiones dependientes de Interior se habían registrado dos fallecimientos —una interna y un funcionario— por covid-19. Otros 31 reclusos y 212 trabajadores penitenciarios habían dado positivo. Además, están en cuarentena en torno a 650 trabajadores y 450 internos. En las cárceles catalanas, gestionadas por la Generalitat, hay 59 internos y 46 funcionarios infectados. Los sindicatos de funcionarios aseguran que el número de presos y trabajadores contagiados es mayor, pero que la escasez de test impide conocer las cifras reales.

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