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Dos meses eternos en estado de alarma

Aquel viernes 13 de marzo el ambiente de las calles ya estaba enrarecido. Había comenzado la recomendación del teletrabajo, el cierre de las escuelas en todo el territorio nacional, así como la restricción de actos multitudinarios por culpa del coronavirus. A eso de las 13.00 se anunció que el presidente del Gobierno iba a comparecer públicamente y ya se comenzaba a hablar de un estado de alarma que, en aquel momento, no se sabía muy bien qué significaría. En España se habían detectado 4.209 casos de coronavirus; de ellos 1.259 fueron reportados ese mismo día, el triple de los que se localizan ahora por jornada, a pesar de que se realizan muchas más pruebas. Habían muerto 120 personas desde que el virus llegó a España, menos que casi cualquier día desde aquel momento.

Pedro Sánchez compareció pasadas las tres de la tarde y confirmó las expectativas. Al día siguiente, un Consejo de Ministros extraordinario aprobaría un estado de alarma que dura ya dos meses. Anunció una cuarentena en diferido, que se aprobaba el día 14, no entraba oficialmente en vigor hasta el 16, pero ya debía comenzar a respetarse, según el mensaje del presidente. “Nos adentrábamos en un escenario desconocido, con unas cifras que no nos hacían pensar que podíamos llegar a las que hoy tenemos”, reconoce Serafín Romero, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos.

La semana que comenzó el 9 del marzo con la resaca de las manifestaciones del 8-M y que terminó con el decreto de alarma fue de vértigo. Todavía más que los dos meses siguientes, que a muchos le han parecido dos años. Hasta unos días antes, el discurso oficial era que todos los casos estaban controlados y que no se estaba produciendo transmisión comunitaria. El lunes se asumió otra realidad: la epidemia estaba descontrolada. Se empezaron a cerrar colegios en las zonas más afectadas: Álava, Madrid y La Rioja. El ministro compareció por la tarde para pedir a los ciudadanos de toda España que no viajaran si no era estrictamente necesario y para restringir actos masivos en los focos de la epidemia, medidas que solo dos días después se ampliaron a todo el país.

El lunes Sanidad asumió el mando único y comenzaron las comparecencias diarias encabezadas por Fernando Simón. Por entonces ya lo hacía prácticamente todos los días, pero a él se sumaron los mandos de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército, además de la secretaria de Transportes, que estuvieron durante seis semanas dando explicaciones de cifras diarias de movimientos y denuncias realizadas.

Tan solo habían pasado tres días del estado de alarma cuando Simón anunció que pronto empezarían las pruebas rápidas, algo que daría un vuelco a la contabilidad, se detectarían muchos más casos y se tendría una imagen mucho más real de la epidemia, ya que hacía semanas que el sistema, desbordado, solamente diagnosticaba los casos más graves, prácticamente a los que requerían hospitalización. Pero esas pruebas tardaron todavía semanas en llegar, después de rocambolescas compras de material poco efectivo, y solo durante unos días se usaron en la estadística oficial.

El 14 de marzo había 272 personas ingresadas por coronavirus en Unidades de Cuidados Intensivos en toda España. Hoy han pasado por ellas casi 11.500 y algunas han llegado al límite de su capacidad. Aunque es algo que las autoridades no suelen reconocer, decenas de intensivistas han contado a este y otros medios que se llegó a restringir la atención a pacientes con menos esperanza de vida para atender a otros que tenían más. Los hospitales han sido el punto caliente de la epidemia. “Nos llevó a reinventarnos, se adaptaron a una situación totalmente distinta, desde las UCI hasta la primaria, en un esfuerzo muy notable de los profesionales”, asegura Romero. “Empezamos muy mal, tuvimos una primera época de descontrol, mucha falta de material, tardamos mucho en podernos a organizar, hubo que rehacer todos los centros”, añade José Luis Cobos, del Consejo General de Enfermería. El suministro de equipos de protección individual, asegura, todavía no se ha solucionado completamente.

Habrá que ver con el tiempo qué consecuencias tiene todo esto. José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y ex secretario general de Sanidad (2005-2011) cree que habrá que estar atentos a posibles enfermedades oncológicas que no se hayan detectado o al seguimiento de los crónicos, que prácticamente han vivido un paréntesis de dos meses.

En este tiempo han cambiado muchas cosas, como el uso de mascarillas, que pasó de “innecesario” para las autoridades a obligatorio en los transportes públicos y, posiblemente, cada vez en más espacios. Pero otras permanecen igual. Ni entonces ni ahora se conoce exactamente la incidencia del coronavirus en las residencias de ancianos, un dato que el ministerio pidió hace semanas, pero que no publica.

La batalla por conseguir unificar las cifras de todas las comunidades autónomas ha sido constante y ni siquiera ha terminado. Todavía no todas reportan de la misma forma. Esto ha producido saltos en la estadística e informes llenos de asteriscos que aclaraban cómo reportaba cada territorio y hacía los números difícilmente comparables entre ellos. La cifra total de ingresados en hospitales y en UCI, por ejemplo, se dejó de publicar unos días después de comenzar el estado de alarma y no volvió a mostrarse hasta hace dos semanas.

Solo dos días antes de que el presidente anunciara el estado de alarma, el 11 de marzo, Fernando Simón decía que en el mejor de los casos la epidemia duraría en España dos meses, y, en el peor, cuatro o cinco hasta el último positivo de SARS-CoV-2. Vamos caminando hacia el peor, pero el propio Simón ya ve improbable que haya un último caso; considera más posible que vayan surgiendo unos pocos esporádicamente hasta un posible rebrote en otoño que, ese sí, ya preveía a principios de marzo.

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