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Doble convicción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciará esta semana una ronda de contactos con los partidos políticos y los agentes sociales con vistas a concluir un acuerdo amplio para afrontar los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia del coronavirus. Los recelos con los que ha sido acogida la propuesta, salvo por Ciudadanos y algunos grupos minoritarios, hacen abstracción de las dificultades que aguardan al país en los próximos meses, imposibles de abordar si no es desde un programa político de estabilidad y cooperación.

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La urgencia por disponer de ese programa es el signo de este tiempo. Un signo que no exige recurrir a las hemerotecas para que cada grupo inflija rencorosamente a su rival el daño político que padeció, sino extraer conjuntamente la lección de que, en democracia, no todo vale, ni desde la oposición ni desde el Gobierno. No valía, desde luego, cuando el país se enfrentaba a dificultades mayores de su reciente historia democrática, comenzando por el terrorismo. Y tampoco vale ahora, cuando la responsabilidad colectiva es afrontar una pandemia que está poniendo en peligro la vida de los ciudadanos y el futuro de la economía, y sacudiendo al mundo en sus cimientos.

Los paralelismos entre el acuerdo que necesita hoy la sociedad española y los Pactos de La Moncloa, alcanzados en 1977, no se refieren a los contenidos, sino a la altura de miras que cabe esperar de los líderes políticos. Los de entonces fueron capaces de acordar las medidas económicas que, conteniendo la inflación desbocada por el alza en los precios del petróleo, entre otras, facilitaron la creación de las instituciones democráticas llamadas a superar la división creada por la Guerra Civil. Con esas instituciones democráticas consolidadas, resultaría inconcebible que, encadenados a la crispación, los líderes actuales fracasaran en un entendimiento político donde sus antecesores lograron una reconciliación histórica, dejando atrás una dictadura.

El método de negociación que sugiera el Ejecutivo será determinante para alcanzar el acuerdo, y, en este sentido, el anuncio de que el presidente Sánchez celebrará una primera ronda con cada partido por separado facilita, en teoría, el progreso de los contactos. Pero esa es solo la condición necesaria, puesto que la suficiente pasa, además, por la concreción del objetivo. Reconstruir el destrozo económico y social que, además del humano, ha provocado la pandemia obliga a pactar políticas extraordinarias dentro de las instituciones, no a reformar las instituciones con la coartada de esas políticas. No se trata en ningún caso de afirmar que la reforma no es posible, puesto que la Constitución misma lo admite, sino de que, hoy por hoy, no es la materia del pacto imprescindible.

La realidad política que la declaración del estado de alarma dejó en suspenso es la de unos Presupuestos prorrogados por tercer ejercicio consecutivo, así como los de unas negociaciones para aprobar los nuevos en las que las prioridades no siempre coincidían con las que ha impuesto la pandemia, tanto en orientación como en intensidad. Y todo ello sobre el trasfondo de unas mayorías parlamentarias tal vez suficientes para sostener a un Ejecutivo en condiciones de normalidad, pero no para liderar sin vacilaciones el esfuerzo colectivo que se requiere ni para asegurar su continuidad más allá de la actual legislatura si fuera necesario, y sea cual sea el partido que se encuentre en el Gobierno.

Apoyar un acuerdo parlamentario lo más amplio posible en torno a unos nuevos Presupuestos que permitan crecer y no dejar a nadie en la cuneta responde a la convicción de que las pruebas que aguardan al país son extraordinariamente dolorosas. Pero también a la de que el sistema institucional dispone de instrumentos eficaces y suficientes para hacerles frente desde todas y cada una de las Administraciones. Aunque eso sí, a condición de que, también, todos y cada uno de los líderes políticos asuman como propia la tarea a la que se les convoca.

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