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Dejar atrás la adolescencia rumbo a Estados Unidos

Un número sin precedentes de menores de edad centroamericanos han cruzado México y llegado a los Estados Unidos en los últimos cinco años, creciendo hasta un récord histórico en la primavera y verano de 2019, antes de que la marea migratoria se convirtiera en un goteo, primero por nuevas restricciones del Gobierno estadounidense, y después por la pandemia.

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Muchos adolescentes fueron forzados por sus padres a emigrar. Concretamente, aunque no legalmente, las familias tenían paso libre y las redes de coyotes ―los traficantes que dominan la ruta― explotaron esa realidad con paquetes de descuento. Otros se fueron para reunirse con sus madres y padres, que les habían dejado atrás cuando eran niños pequeños, o huyeron solos del doble ahogo de la pobreza y la violencia.

Con su niñez ya robada, todos estos niños y adolescentes están intentando buscar caminos hacia su madurez en comunidades a lo largo de Estados Unidos, donde el tejido social ya está deshilachado por el daño económico de la pandemia y por las tensiones sociales y raciales. La gran mayoría crecerá bajo la sombra de ilegalidad, y la constante amenaza de ser expulsados del país: próximamente, el Gobierno estadounidense implementará reglas más estrictas que vencerán la posibilidad, ya minúscula, de obtener asilo para decenas de miles de niños cuyos casos están pendientes.

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Los adolescentes no han conseguido la atención del mundo, como sí lo hizo la foto icónica y controvertida de una niña deshecha en lágrimas en la frontera, pero los expertos señalan que son precisamente ellos los más vulnerables frente a los traumas que sufrieron en sus hogares, a los peligros en la ruta y a los riesgos allí donde se establecen. En una catastrófica paradoja, corren el riesgo de caer en la misma pobreza intergeneracional y en las manos de las pandillas de los que muchos huyeron en su origen.

¿Pueden estos jóvenes romper la cadena del chantaje de los coyotes, recibir una resolución rápida de sus trámites migratorios, beneficiarse de la educación a la que tienen derecho legal y dejar atrás el ciclo de explotación? ¿O se verán empujados aún más profundamente a él por la combinación explosiva de la devastación económica de la pandemia y la presencia constante de cárteles listos para abalanzarse sobre tanta vulnerabilidad?

Los entrevistados. Todos tienen miedo. Ninguno está dispuesto a rendirse

En año y medio, en decenas de entrevistas en aldeas perdidas en valles guatemaltecos, siguiendo las vías del tren en el norte de México, en los suburbios de las metrópolis estadounidenses ―y claro: en mensajes de WhatsApp― los adolescentes comparten con un candor apabullante las cicatrices que les marcan y las esperanzas que les impulsan. Todos tienen miedo. Ninguno está dispuesto a rendirse.

Origen. Este es el inicio del viaje hacia el soñado Norte desde Guatemala, donde la miseria y el hambre empujan a los adolescentes a pagar los servicios de traficantes que les guíen en el camino. Alexander Socop, Francisco Rodríguez y Nick Oza

Después de deshacer un mechón rebelde bajo su gorra y lanzar una última mirada al partido de fútbol improvisado fuera de un albergue de Tucson, Arizona, Rolando (*) formuló la pregunta que más pesaba en su corazón adolescente: “¿Hasta cuando cree usted que mi novia me va a esperar?”

El guatemalteco, de 16 años, era uno entre más de medio millón de family units (un menor y su padre o tutor) y menores no acompañados, la gran mayoría centroamericanos, a quienes las autoridades estadounidenses detuvieron al haber cruzado de manera irregular la frontera entre México y Estados Unidos en 2019; se trata del número más alto jamás registrado.

El padre de Rolando le forzó a emigrar sin tener en cuenta las objeciones del adolescente y de su novia, de las montañas tropicales de la localidad de La Democracia, porque un “guía” ―como muchos migrantes llaman a los traficantes― le vendió pasaje a mitad de precio con la premisa de que como familia se les permitiría entrar.

Y, efectivamente, unos pocos días después de que la patrulla fronteriza les encontrase justo dentro de la frontera, Rolando y su padre, con nuevos papeles citándoles a que se presentaran otra vez frente a la migra, fueron acompañados por las autoridades federales de Estados Unidos hasta un antiguo monasterio transformado en un albergue gestionado por una ONG católica.

Cerca del campanario rosa de estilo colonial, Rolando narró su historia tristemente común: había abandonado la escuela para comenzar a trabajar en la cosecha de café después del sexto grado, como la mayoría de los niños en aldeas indigentes en los empinados altiplanos de Huehuetenango, donde las comunidades, en su mayoría indígenas, sufrieron lo peor de la guerra civil de Guatemala hace una generación.

Empezando por el séptimo grado, el colegio sigue siendo gratis, pero los padres tienen que pagar el equivalente a 50 días de salario medio por los gastos anuales de libros, uniformes y otras necesidades para cada hijo. “Se sienten con la espalda contra la pared,” explica Oracio Martínez, el director del básico en La Democracia.

Llegan tan pocos al instituto que las clases se celebraban por la tarde en la escuela primaria, con los estudiantes apretados en los escritorios de tamaño infantil. Y esto era antes de que el confinamiento por la pandemia impusiera la enseñanza virtual. Aquí, la mayoría de las familias no tienen pantallas y mucho menos Internet.

La directora del Instituto de Educación Diversificada en La Democracia, Lecxi Magaly Mendoza, sigue enseñando por teléfono: “No es lo mismo, pero no nos queda otra salida”. Su instituto no tiene ordenadores y la primera pantalla de 43 pulgadas ha sido el regalo de un par de estudiantes recién egresados que consiguieron comprarla gracias a una colecta puerta a puerta por el municipio. Su primera aportación fue un concentrado para pollos donado por el veterinario y revendido para iniciar la colecta.

Ella está especialmente orgullosa de uno de estos exalumnos, Heffner, porque terminó su educación a pesar de que llevaba más de tres años soñando con “ir al Norte”.

Fue en esa temporada cuando sus mejores amigos empezaron a migrar y, en unos seis meses, ya tenían lo suficiente para comprar “grandes casonas y terrenos”. Heffner quiere ayudar a sus cuatro hermanos menores, todos inscritos en la escuela, y construir una casa con un techo como el de su instituto, cuyo metal corrugado era azotado por un aguacero tropical mientras el adolescente hablaba tímidamente de estos sueños.

Los migrantes centroamericanos entrevistados son dolorosamente conscientes de que “hay que cumplir” con los coyotes y los cárteles que controlan cada paso en México

Heffner conoce a un guía “de confianza”, pero ahora el pasaje implicaría una deuda enorme a tasas de usura. Los precios, reaccionando a las políticas cada vez más restrictivas a lo largo de las Américas, se han disparado a 93.000 quetzales (10.000 euros), tres veces más de lo que Rolando y su padre pagaron juntos. Y en La Democracia, Heffner sabe bien que lo máximo que se puede ganar es unos 2.500 quetzales (275 euros) al mes trabajando duro en varios empleos, como está haciendo él.

La migración impulsada por las deudas, que encadenan a padres e hijos, ha aumentado a medida que cambiaba la dinámica fronteriza y florecía el negocio de los traficantes.

A lo largo de varias décadas, millones de adultos latinoamericanos ―incluso muchos padres de estos adolescentes― se han dirigido a los Estados Unidos sin autorización para trabajar en empleos básicos para los cuales las visas reguladas por el Congreso son muy escasas, tan engorrosas y caras de obtener que son prácticamente inalcanzables.

En los últimos años, centenares de miles de familias y menores se entregaron a los agentes de la patrulla fronteriza pidiendo asistencia humanitaria, siguiendo las instrucciones de los traficantes que les dejaban con un autobús a pocos metros al sur de la frontera. Según la ley estadounidense, las familias tenían que ser puestas en libertad en menos de tres semanas y, cuando el desempleo se mantuvo en mínimos históricos, la mayoría encontraba trabajo rápidamente.

Los expertos sostienen que esta es una de las razones fundamentales del enorme aumento de niños llevados a Estados Unidos recientemente. También explica por qué pocos de ellos van a la escuela allí, perdiendo la mejor oportunidad de integrarse y, en cambio, se ven presionados a trabajar tanto como sea posible; en primer lugar, para pagar las deudas a los traficantes.

Rolando tenía un tío en Florida con un trabajo para él y su padre. El chico espera ahorrar lo suficiente en unos pocos años para volver a La Democracia a buscar a su novia. La única respuesta a su largo mensaje por WhatsApp desde Tucson fueron tres emojis inundados de lágrimas.

El business. Cruzando el territorio de los cárteles

El sistema judicial de migración estadounidense se está rindiendo bajo más de un millón de asuntos pendientes. Basándose en la necesidad de frenar más casos como el de Rolando: familias que cruzaron la frontera ilegalmente, fueron pronto puestas en libertad y se les permitió trabajar en espera de sus citas en la corte para un juicio que muy probablemente perderán en varios años, pues el Gobierno de EE. UU. hizo públicas el pasado junio reglas de asilo más estrictas que recibieron más de 85.000 comentarios públicos durante el período de revisión estándar, lo que probablemente esté retrasando su finalización y sugiere demandas futuras, según los defensores del derecho al asilo.

Pero la prueba más crítica es si estas reglas afectarán, y cómo, al negocio de los traficantes, un business que ha demostrado ser notablemente resistente a los cambios de política e incluso a la pandemia.

En su camino a Estados Unidos, los adolescentes se enfrentan a numerosos peligros en México. Lourdes Cárdenas, Cindy de la Garza, Nick Oza y Walfred Swanson

Todos los migrantes centroamericanos entrevistados son dolorosamente conscientes de que “hay que cumplir” con los coyotes y los cárteles que controlan cada paso a lo largo de México y a través de una frontera estadounidense “bloqueada por los narcos”, en palabras de Richard Lee Johnson, investigador de migración en la Universidad de Arizona.

Las redes de tráfico de personas ganan al menos 4.000 millones de dólares al año a lo largo de este corredor, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Incluso los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos dicen que los vigilantes de los cárteles observan y explotan todos sus movimientos, hasta los cambios de turno en áreas remotas del desierto.

Los cárteles apuntan habitualmente a los migrantes vulnerables en todo México para el secuestro y el trabajo forzoso. “Somos territorios del terror”, dice el sacerdote católico Pedro Pantoja, quien durante casi dos décadas ha dirigido el albergue Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, a pocas horas en coche del sur de Texas.

Debido a la pandemia, la Casa solo está acogiendo a los más vulnerables, un número mucho menor al habitual, pero constante, de migrantes que aún intentan llegar a los Estados Unidos viajando en el infame tren conocido como La Bestia, ahora con mascarillas. Aunque el cierre de los albergues significa que muchos no han tenido la oportunidad de bañarse o lavarse las manos en semanas desde que se fueron de casa.

Aunque más solicitantes de asilo se han quedado en el norte de México en el último año, la gran mayoría apunta a una nueva vida en los Estados Unidos. Nixon, de 19 años, recibió asilo en México después de huir de Honduras, donde dijo que llegó a intentar suicidarse debido al bullying por su bisexualidad.

Sin embargo, un par de días después de descansar en la Casa del Migrante junto con su madre ciega, Nixon esperó toda una noche en una tienda, endeble refugio en una tronada, para que un guía los llevara los últimos metros a través del Río Grande. “Estaré más seguro allí”, dijo Nixon.

A menos que pagara este último tramo de extorsión de los cárteles, Nixon se arriesgaba a compartir el destino de Carlos, también un hondureño de 19 años que había llegado hasta la frontera de EE. UU., pero sin suficiente dinero para cruzar. Aterrorizados al presenciar la tortura escalofriante de los inmigrantes por parte de los cárteles, Carlos y sus primos decidieron que sus familias, incluido su bebé, estarían mejor si se daban la vuelta.

Después de ponerse una camisa blanca impecablemente limpia, Carlos salió de la Casa del Migrante para ir a esperar junto a las vías y coger un tren de carga que iba “pabajo”. Sentados en silencio junto a una escarpa desmoronada entre sus pequeñas mochilas, una gran jarra de agua y dos paquetes de tortillas, los jóvenes dejaron ir los sueños quebrados: “Quería ser alguien. Uno se pone muchas metas, pero…”. Cuando algunos vagones finalmente empezaron a moverse detrás de él, Carlos sacó su DNI y sin decir palabra lo levantó: nació el 4 de julio.

De albergues y cárceles, hasta encontrar otros caminos en Estados Unidos

Bresan también había pasado por el refugio de Saltillo y escapó por poco de los cárteles. Criado por su abuela, después de que sus padres lo abandonaron cuando era un bebé cerca de una gran ciudad en el centro de Honduras, Bresan se ganaba la vida cosechando piña y café. Cuando tenía 16 años, su primo fue asesinado en un tiroteo fuera de la pulpería por negarse a vender drogas. Su abuela murió de un infarto diez días después. Bresan huyó y atravesó México, pidiendo comida.

La pobreza no es motivo. La violencia causada por las pandillas, que rara vez se considera motivo de asilo, se eliminaría prácticamente con las nuevas reglas

Sin dinero para cruzar el río hacia Texas, fue secuestrado a punta de pistola por la mafia. Logró escapar por una ventana. Cuatro meses después, encontró un lugar para tirarse al otro lado de la valla fronteriza en California y fue detenido de inmediato.

Durante más de un año en un albergue en Phoenix, Arizona, donde fue elegido presidente del consejo estudiantil, vio a todos los demás menores no acompañados ser entregados a sus familiares, pero el único patrocinador que él logró encontrar fue deportado a Honduras tres días antes de su salida.

Bresan cuenta que nunca tuvo la tentación de huir de esa vida super reglamentada. Pero el día que cumplió 18 años fue trasladado a la cárcel “encadenado” de manos, pies y cintura. Tardó tres meses en ser liberado y mudarse al mismo albergue de Tucson donde se alojaron Rolando y su padre.

Bresan comenzó a asistir al instituto; por la tarde, le gustaba dibujar en el jardín sombreado del antiguo monasterio. Por primera vez en su vida, podía caminar libremente y sin temor a que lo mataran solo por usar una gorra con los colores de una pandilla. Aun así, se llevaba “a todas partes” su permiso temporal para permanecer en EE. UU. en espera de una decisión final sobre el asilo: “Si me paran, con esto no me hacen nada”.

Asilo. La pobreza no es motivo

La Convención Internacional sobre Refugiados adoptada por los Estados Unidos y la mayoría de los demás países del planeta garantiza asilo a quienes no puedan regresar a sus hogares por “un temor fundado de persecución” por cinco motivos: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.

Llegar a Estados Unidos no es garantía de una vida mejor rápidamente para los adolescentes migrantes. El proceso de petición de asilo y adaptación a un nuevo idioma y país es complicado para ellos.Mikala Morris y Nick Oza

La pobreza no es motivo. La violencia causada por las pandillas, que ya rara vez se considera motivo de asilo, se eliminaría prácticamente con la adopción de las nuevas reglas, que también excluirían en su mayoría a quienes crucen un tercer país antes de llegar a EE. UU. Las probabilidades de que la mayoría de los migrantes centroamericanos obtengan asilo, ya infinitesimales, están a punto de reducirse aún más.

Una de las pocas que superó esas probabilidades es Estefany, que tenía 13 años cuando un coyote le dijo que cruzara a nado el Río Grande para reunirse con su madre, que la había dejado en El Salvador nueve años antes. Su padre finalmente había decidido enviar a EE. UU. a la adolescente desde su pueblo, La Libertad, debido a amenazas de pandillas. Ya cuando Estefany tenía ocho o nueve años, los pandilleros la habían pedido a su padre como “esposa”, narra la joven.

Como a miles de adolescentes, sin embargo, al principio le costó mucho adaptarse a una familia nueva en un nuevo país: “Sé que es mi madre, pero nada más”. Estefany recuerda su reacción al reunirse con su progenitora. “Trabajaba siempre. Casi no la veía. Tardé un rato en darle confianza”.

Estefany consiguió asilo en unos pocos meses gracias a un importante bufete de abogados que la representó pro bono. Trabajó duro para aprender inglés, alentada por varios maestros que “siempre estuvieron ahí” para ella, y terminó la escuela secundaria el año pasado en los suburbios de Dallas, en Texas, como demuestra su foto de graduación en un gran marco que exhibe en su pequeña habitación, cruzada por una larga hamaca en el blanco y azul de El Salvador.

“El paso a este país selecciona a personas con una resistencia excepcional”, dice Paul Zoltan, un abogado de Dallas cuya clínica gratuita ayudó a Estefany a presentar la documentación inicial de asilo, junto con la de más de 300 familias desde 2014.

Pero incluso esta imagen de éxito se ve ensombrecida por un miedo persistente. Después de poco más de un semestre en un community college, siendo la primera de su familia en alcanzar este nivel, con la esperanza de convertirse algún día en ingeniera química, Estefany se retiró. Estaba luchando con las clases online por la pandemia y, hasta que “el virus se calme”, prefiere trabajar en dos empleos, a menudo 15 horas al día, para seguir avanzando hacia su sueño de ser “económicamente estable”, especialmente porque su madre no tiene papeles y su hermano menor sigue todavía en la escuela.

Criada en una familia indígena pobre, la madre de María fue agredida cuando tenía la edad de su hija y nunca fue a la escuela: “Yo quiero mejor para ellos. No quiero como yo”

La madre de María tampoco tiene papeles y se endeudó con un coyote para que le llevara a sus hijos a Phoenix, Arizona, donde la adolescente de 14 años y su hermano mayor llegaron después de pasar dos meses en un albergue de Texas. Allí dormía junto a una ventana que no se podía abrir.

Antes de que la pandemia cerrara su escuela, María estaba prosperando en octavo grado, leyendo en voz alta en inglés; con algunos tropiezos, pero con una sonrisa imborrable. A pesar de que ha agregado una batalla más a una vida que ya está llena de desafíos, María se está adaptando al aprendizaje online.

Una tarde, mirando a María hacer sus tareas en inglés en su tableta proporcionada por la escuela, su madre para de machacar tortillas un instante en su pequeña cocina y se llena de orgullo. Criada en una familia indígena pobre, fue agredida cuando tenía la edad de María y nunca fue a la escuela. “Yo quiero mejor para ellos. No quiero como yo”, dice en un español titubeante.

Palermo tampoco quiere que sus hijos tengan su vida. Este hondureño de 35 años conoce demasiado bien los peligros que acechan a los adolescentes migrantes. Cuando tenía 11 años y las pandillas se apoderaron de su barrio, su hermano lo envió a Estados Unidos con apenas tiempo para abrazar al mejor amigo con el que le gustaba ir a cazar iguanas después de la escuela. Un año después, en Florida, ya se estaba saltando cursos para trabajar y enviar dinero a su madre.

Con el tiempo, él mismo se convirtió en coyote, cruzando la frontera de Estados Unidos unas 300 veces, estima. Pero se rindió. Después de una docena de deportaciones, y solo, ayudó a traer a sus tres hijos. Está preocupado por el mayor, un joven de 14 años que vive en el Midwest, que no tiene ningún interés por la escuela ni por el trabajo. “Siento que lo voy a perder”, dice Palermo.

El hecho de que estos adolescentes se pierdan o encuentren su camino hacia una ciudadanía feliz y productiva es algo urgente no solo para ellos, sino también para las comunidades a su alrededor, ahora aún más divididas por los trastornos económicos y sociales de la pandemia.

El confinamiento en Estados Unidos, casi exactamente un año después de que Bresan comenzara a orientarse, atrapó al adolescente en New Jersey, donde vivía con una familia de Honduras. Estaba ayudando con proyectos de remodelación para cubrir los gastos y asistiendo a una escuela privada cuatro días a la semana para obtener su certificado de equivalencia de escuela secundaria.

La primera vez que viajó en un ferry en la bahía de la ciudad de Nueva York, con un viento helado, tomó una foto tras otra en su móvil de la Estatua de la Libertad frente a Newark, donde el joven mantiene sus citas periódicas con las autoridades federales de inmigración. Ya han pasado más de cuatro años desde que Bresan, “cayendo en los Estados Unidos” al pasar la valla fronteriza, se sintió “libre y salvado”. Su petición de asilo aún está pendiente.

(*) Los apellidos de los protagonistas se omiten para proteger a los jóvenes vulnerables a la extorsión criminal o en situación migratoria precaria.

Este reportaje ha sido financiado en parte por una beca de la National Geographic Society. Agradecimientos a Scott Dierks y Walfred Swanson.

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