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Covid-19 y el déficit en gestión pública

No sabemos ahora cuál va a terminar siendo la incidencia que la cuarentena va a tener en nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestra conciencia y en nuestras relaciones íntimas, con nuestras parejas y con nuestros hijos. La inaceptable desigualdad en las condiciones de vida y vivienda y la inexistencia o abandono de educación sentimental se ceban injustamente en las vidas cotidianas de muchas personas de nuestra sociedad. Y esto adquiere ahora una dimensión especial que no podemos olvidar. Habrá que buscar la mejor forma de afrontar su superación en el mañana más inmediato.

Por supuesto, es prioritario mejorar constantemente los índices de desigualdad económica, pero también, y yo diría tanto o más prioritario, será mejorar la educación. Es la tarea esencial. La educación no solo entendida como aprendizaje de conocimientos, sino como la adquisición de habilidades que, junto a la avidez de aprender, tienen que ver con la esencia de nuestros sentimientos y conciencia.

La COVID-19 ha irrumpido sobre todo con su trágica incidencia, que es lo que nos entristece y preocupa. En España han muerto más de 25.000 personas como consecuencia de la pandemia. En términos relativos al tamaño de nuestra población, el número de fallecidos ha sido mayor que en otros países. ¿Por qué? No se sabe bien. Se habla de factores sociológicos: nuestro mayor grado de envejecimiento, nuestra afectividad y relaciones familiares, más intensas que en otros lares… Todo ello puede haber contribuido, pero también parece que se dan otras razones internas, expresión de nuestras actitudes colectivas y, en definitiva, políticas.

Siempre hemos pensado que teníamos una sanidad pública excelente. Sin embargo, es muy posible que, de una manera colectiva, nos hubiéramos olvidado de que necesitaba unos medios que se le habían sustraído, sin que la privada, ya no para todos, hubiera podido sustituir lo que le habíamos privado. Políticas de recorte que se aprobaron con el respaldo de votos irreflexivos que se dejaron encandilar por los repetidos señuelos de las rebajas de impuestos.

Pero los recortes se inscriben en un déficit más general, que también creo que ha quedado ahora al descubierto. Es una evidencia. Hemos sufrido un verdadero ‘gap’ en la formación para la organización y gestión públicas. De forma episódica, y sin planificación ni visión a largo plazo, se ha hablado a veces en nuestra democracia de la necesidad de la eficacia y la eficiencia en la gestión pública; lo exige la Constitución. Pero, como otras cuestiones y derechos, nunca se ha abordado de verdad y en profundidad, con su lectura tan selectiva, que solo citamos cuando truena y para lo que, en cada caso, pensamos que truena.

La derecha siempre ha menospreciado la actividad pública. En muchas ocasiones, sí, ha querido tener contentos a los empleados públicos. Que no molestaran era un objetivo interesado y corto de miras. Nunca ha abordado una reforma de la Administración pública. La izquierda tampoco ha creído de verdad en la gestión pública. Tantas veces las instituciones se han visto como plataformas desde las que lanzar proclamas. De forma incomprensible todavía recuerdo las críticas de algunas personas que me acompañaron en el Gobierno municipal, que no comprendían el que yo insistiera en la importancia, fundamental, de una gestión eficaz. Algunos, supuestamente amigos, me llegaron a tildar de ‘gestionaria’, como si otra, no sé bien cuál, fuera la tarea de una alcaldesa.

La sociedad civil ha dado la talla asumiendo las obligaciones que la pandemia nos ha impuesto

No puede ser. Lo que nos pasa hoy, entre otras muchas cosas, adolece de nuestro déficit en gestión pública. No lo podemos olvidar. Tenemos que sacar conclusiones de esta amenaza tan dura que estamos viviendo. La eficacia de lo público es exigible sobre todo en la Sanidad. En esta y otras muchas cuestiones, en relación a los cuidados, la eficacia resulta imprescindible, sobre todo para aquellos más vulnerables. Para aquellos que por encima de todo necesitan el cumplimiento de esa justicia que no puede ser otra que la justicia social.

La respuesta a la pandemia de la COVID-19 ha confirmado sin embargo el alto nivel de civismo de la sociedad española, de la sociedad civil. Antes del terrible azote, los medios no cesaban de incidir en el gran enfrentamiento que estaba viviendo la sociedad española. Entonces ya insistí, y mucho, en que esto no era así. La sociedad española no vivía la confrontación. En la normalidad, eran sus representantes políticos, apoyados y jaleados por los medios, los que, de manera irresponsable y equivocada, habían convertido la confrontación en su única forma de hacer política. Forma que, mantenida en y ante la crisis no solo choca aún más, sino que contrasta hirientemente con la espléndida respuesta cívica y solidaria de la sociedad civil.

La sociedad civil española ha dado la talla. Ha respondido asumiendo las obligaciones que la pandemia nos ha impuesto. El estado de alarma, con sus exigencias, y con toda su estructura jurídica, se ha cumplido de una forma ejemplar. Anecdóticos son los incumplimientos y las sanciones que los mismos han podido generar. Podemos decir que, en este caso, el estado de alarma y las leyes que lo confirman, se han cumplido por convicción.

Desde siempre insistí en que la aplicación más perfecta de una ley es aquella que se cumple por convicción, sin que sea necesaria la coerción para hacerlo. Mejor no imaginar lo que hubiera significado una actitud de confrontación, de rebeldía y consiguiente indisciplina, ante el estado de alarma. Algo de eso está pasando en Estados Unidos, fomentado por la irresponsable actitud de Trump. Veremos cuál puede ser el resultado, tras el gran impacto que la pandemia está teniendo ya en ese gran país.

* Manuela Carmena es patrona de la Fundación Alternativas y ex alcaldesa de Madrid

(Este texto fue publicado previamente en los periódicos del Grupo Vocento, el 6 de mayo de 2020)

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