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Confirmada la primera muerte por coronavirus de un funcionario de prisiones

Centro penitenciario de Fontcalent, en Alicante.Centro penitenciario de Fontcalent, en Alicante.Pep García

Un trabajador del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) se convirtió el pasado domingo en el primer funcionario de prisiones fallecido por coronavirus, según han confirmado este lunes los análisis médicos. El trabajador, de 66 años, no tenía contacto directo con reclusos al estar destinado en la oficina del centro, de la que se marchó el lunes de la semana pasada al sentirse indispuesto. Prisiones mantiene en cuarentena al compañero con el que mantenía un contacto más estrecho, aunque hasta la fecha no ha mostrado síntomas, según informó el Ministerio del Interior. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) acudieron ayer a desinfectar la prisión alicantina.

La muerte del funcionario es la segunda que se produce en el ámbito penitenciario después de que el 20 de marzo falleciera en la prisión de Estremera (Madrid) una reclusa de 78 años. Hasta el pasado domingo, otros 81 funcionarios -uno de ellos, ingresado en una UCI hospitalaria- y seis presos habían dado positivo en los test de coronavirus. Además, otros 870 trabajadores penitenciarios pertenecientes a cerca de 40 cárceles y 250 internos permanecen en observación médica o cuarentena, según los datos de Prisiones. En las cárceles dependientes de Interior permanecen 50.800 reclusos y trabajan 24.000 funcionarios.

Los sindicatos han denunciado desde el inicio de la crisis que los funcionarios de prisiones no cuentan con suficientes equipos de protección y que no se les hacen las pruebas pese a ser, junto a los reclusos, un “colectivo de alto riesgo” y haber sido catalogado su trabajo como un “servicio esencial”. Este viernes, Prisiones ha anunciado el próximo reparto de 105.000 mascarillas entre los trabajadores, que se suman a otra partida de 40.000 que se distribuyó la semana pasada.

El Ministerio del Interior decidió el pasado 15 de marzo aplicar estrictas medidas para restringir los movimientos de personas en sus 69 cárceles y Centros de Inserción Social (CIS). Desde entonces, están prohibidas todas las comunicaciones de los presos con sus familiares, amigos y abogados, que solo pueden mantener por vía telefónica, para lo que se ha ampliado el número de llamadas semanales que pueden hacer. También ha suspendido los permisos de salida.

A los centros solo pueden acceder desde el exterior los funcionarios de prisiones, trabajadores o personal extra penitenciario “cuya labor sea imprescindible”. Además, Interior ha posibilitado que los centros penitenciarios permitan a sus presos en tercer grado o semilibertad que sigan cumpliendo sus condenas en casa bajo control telemático.

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