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Colau rechaza bajar impuestos en Barcelona pese a la presión de la oposición

El pleno extraordinario sobre el coronavirus celebrado en el Ayuntamiento de Barcelona este viernes ha abierto el delicado melón de cómo se pagará la factura de la crisis social y económica que se avecina. Mientras el gasto público se ha disparado con medidas sociales y de apoyo a la economía, en mayor o menor medida la oposición ha reclamado rebajas en los impuestos para los vecinos y empresas. La respuesta del teniente de alcalde de Economía, Jaume Collboni, ha sido toda una advertencia: “En fiscalidad todos sabemos que si tocamos impuestos estamos debilitando la capacidad de reacción de las políticas públicas”.

El debate llega, además, en un ejercicio en el que el ejecutivo de la alcaldesa Ada Colau había fiado parte del incremento presupuestario a una subida de impuestos. Por ahora, el consistorio barcelonés lleva 10 millones de euros de gasto extraordinario y ha dejado de ingresar otros 200, porque ya ha aplazado o suspendido impuestos como el IBI o el de circulación, tasas públicas (guarderías, equipamientos deportivos, terrazas o alquileres públicos) e incluso sanciones previstas. Todo el mundo ha asumido que habrá que rehacer el presupuesto, el más elevado de la historia, con más de 3.000 millones de euros.

El debate ha irrumpido al final de un pleno que ha supuesto recuperar la actividad institucional en el consistorio barcelonés. En pleno estado de alarma, la sesión ha sido telemática, con la mayoría de los 41 concejales conectados desde sus casas. Solo la alcaldesa, el primer teniente de alcalde y la concejal de Salud, Gemma Tarafa, han seguido el pleno desde una sala del Ayuntamiento. El concejal Manuel Valls, lo ha hecho desde su segunda residencia de Menorca, adonde viajó antes de decretarse el estado de alarma; y Josep Bou (PP) lo ha hecho desde la sede de su empresa de panaderías. Al final del pleno se ha aprobado por unanimidad una Declaración Institucional en la que el consistorio se compromete a celebrar un acto institucional de homenaje y recuerdo a las víctimas de la covid-19.

El gobierno formado por los comunes y el PSC han presentado un informe sobre su gestión de la crisis en el que ha defendido su “anticipación a posibles escenarios de colapso” y su gasto y despliegue en materia social. La oposición, a su turno y unos con más propuestas que otros, ha instado la rebaja fiscal, ha tendido la mano para un gran pacto de ciudad para afrontar la crisis social y económica que viene, y también para reformular el presupuesto.

En general, el tono de la oposición ha sido de colaboración y no han cargado con la dureza de los plenos ordinarios contra el ejecutivo de Colau. Solo el jefe de filas de ERC, Ernest Maragall, ha arremetido contra la gestión del Gobierno central y su “recentralización” y ha acusado a la alcaldesa de actuar de forma unilateral, sin tener en cuenta la voz del resto de partidos que representan a la ciudadanía. Pero no ha lanzado propuestas concretas.

Sí lo ha hecho de forma detallada el grupo municipal de Junts per Catalunya, cuya portavoz, Elsa Artadi, ha aprovechado para criticar la gestión de las residencias (en manos de sus socios republicanos en el Govern). Artadi ha pedido que “Barcelona lidere las exigencias” al Gobierno central en materia de prestaciones para autónomos, una renta básica, o agilizar préstamos y ayudas. Y ha propuesto un “Plan Barcelona para Barcelona con medidas para la recuperación, reinicio y reinvención de la ciudad”.

El grupo municipal de Ciutadans, con la voz de Luz Guilarte, ha considerado “insuficiente y reactiva” la respuesta municipal a la crisis y ha sido quien de forma más explícita ha pedido reducir los impuestos a ciudadanía y empresas, al tiempo que ha recordado que este año la ciudad ha aumentado la presión fiscal. También Josep Bou, del PP, ha señalado la necesidad de ir más allá de una “moratoria y aplazamiento de impuestos, que no resuelve sino que traslada el problema”. Por su parte, Manuel Valls, de Barcelona pel canvi, ha apostado por “revisar ordenanzas fiscales y aprobar nuevos presupuestos” y ha pedido liderazgo a Barcelona en la salida de la crisis.

En el turno de réplica, el ejecutivo ha defendido que es el municipio español con más gasto social por habitante. Más que la Generalitat, ha destacado la concejal Tarafa, que también ha reprochado al Govern que la renta de ciudadanía “no llega al 8% de las personas beneficiarias, y ha recordado los recortes que redujeron 2.000 profesionales y mil camas de la sanidad pública. También Collboni ha señalado a la Generalitat cuando ha recordado que la ciudad ha creado un fondo de ayuda a la economía de la ciudad: “Nosotros hemos puesto 25 millones y la Generalitat, ocho”.

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