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Castells propone a las comunidades que rebajen las tasas universitarias pero no concreta fondos extra

Estudiantes en la biblioteca de la Universidad de Barcelona.Estudiantes en la biblioteca de la Universidad de Barcelona.Albert García

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha propuesto este jueves en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria a los 17 consejeros que comunidades con tasas universitarias muy altas (como Cataluña, Madrid, Castilla y León y La Rioja) las bajen para “armonizarlas” con el resto de regiones. Hoy un estudiante puede pagar por un máster en la Universidad de Castilla-La Mancha un tercio de lo que abonaría en un campus público catalán. Sin embargo, Castells no ha concretado con qué fondos extra contarían estas comunidades para rebajar los precios. Podrían salir, explica una portavoz del ministerio, de los 16.000 millones adicionales que van a recibir las autonomías.

Los ejecutivos autonómicos disponen de 10 días, hasta la próxima conferencia, para estudiar sus números y detallar al ministerio cuánto necesitarían para asumir el sobrecoste. Sin dinero extra las comunidades ya anunciaron que no podrían menguar los precios. En 2012 el ministro José Ignacio Wert (PP) forzó a las autonomías a subir las matrículas al decretar que los alumnos debían de pagar entre el 15% y el 25% del coste total de su plaza en la Universidad y eso provocó un aumento de hasta un 66% en las tasas (540 euros) —un 31,5% de media― y agrandó la brecha de precios entre comunidades. El resto de la matrícula, unos 6.000 euros, los sufraga el Estado.

El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos para esta legislatura ya preveía un recorte en las tasas universitarias a los niveles del curso 2011-2012, pero la crisis económica sobrevenida por la pandemia ha avivado el interés en bajar los precios. Muchos estudiantes empobrecidos de repente tendrán problemas para hacer frente a las matrículas y las becas de estudio toman como referente la renta familiar de 2019, que fue muy distinta a la de 2020.

Ya el pasado 23 de abril, en su primera conferencia de prensa como ministro, Castells afirmó que habían calculado cuánto costaría bajar las tasas, pero también afirmó ser consciente de que en las actuales circunstancias “con una caída del PIB del 6,5% al 13%” quizá no se diesen las condiciones para acometer ese recorte de precios. Ahora esa cifra no se la ha trasladado a las autonomías. La Comunidad de Madrid, explica un portavoz de su consejería de Universidades, estima que volver a las tasas de 2011 costaría a la región 120 millones y recuerda que los presupuestos del curso que viene ya están cerrados.

Castells explicó el pasado febrero —antes de la pandemia— en el Congreso que “en algunas de las comunidades abandona los estudios más de la cuarta parte de los universitarios”, lo que supone “un verdadero despilfarro y un trauma psicológico”. Por eso se ha puesto en marcha un estudio estadístico y cualitativo. “Nuestra hipótesis es que el abandono es índole económico y no de rendimiento académico”, argumentó entonces. Esta deserción de las aulas tiene visos de ir a más en el contexto de una nueva y aguda crisis económica. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles en el Congreso que 14.000 universitarios no han abonado la última parte de su matrícula fraccionada. Las universidades han permitido a los alumnos demorar el pago hasta diciembre —el pasado curso no hubiesen podido examinarse— pero no les han exonerado del abono. Cada caso se estudiará de forma individual.

La OCDE considera que los universitarios no deberían de abonar más de un 15% de la plaza. España se encuentra entre los países con tasas más altas de Europa. En los países nórdicos, la Europa central y Grecia estudiar es gratuito o las tasas son mínimas. En Francia no llegan a los 500 euros al curso. Mientras que un estudiante gallego o canario abona de media 720 euros por curso —las tasas más baratas— frente a los 1.980 de Cataluña o los 1.440 de Madrid, las más caras. Italia cobra unas tasas parecidas a las españolas, mientras que Reino Unido (salvo Escocia) e Irlanda cuentan con las más costosas.

Pasada la anterior crisis económica, muchos Ejecutivos regionales han ido suavizando los precios de 2012 y otros incluso han ido más lejos. En Andalucía los socialistas decidieron en 2016 bonificar el 99% de las matrículas de todos los que no disfruten de una beca del Estado. De forma que un alumno andaluz que aprueba todo, no abona matrícula en tres de los cuatro cursos de la carrerera (2º, 3º y 4º). El Gobierno actual (PP y Ciudadanos) no ha hecho ningún cambio en este modelo de tasas. Siguiendo el ejemplo de Andalucía, en Aragón (PSOE y Podemos) se bonifica el 50% de la matrícula a los no becados que aprueben al menos la mitad de los créditos. Mientras que Galicia lleva con las tasas congeladas nueve años.

La conferencia de rectores (CRUE) ve con buenos ojos la bajada de tasas siempre que las comunidades autónomas compensen con fondos ese recorte, y mientras el Gobierno no deje de aumentar las becas para los más vulnerables. La situación de la Universidad pública era ya crítica. Según sus cálculos, los campus invierten 100 millones al año en ayudas a los estudiantes en mala situación económica, pese a que su financiación, aseguran, es aún un 6% menor que en 2008.

Adiós al tasazo catalán

Cataluña, que fue pionera a la hora de aumentar el precio de las matrículas un 66% en 2012 y convirtiéndolas en las más caras de España, ha decidido recular parte de este tasazo y, si nada se tuerce, el curso que viene las tasas serán un 30% más baratas. Desde hace ocho años, las reivindicaciones para reducir los importes universitarios han sido constantes. Incluso se han aprobado mociones en el Parlament que la Generalitat ha desoído reiteradamente.

Finalmente, en un contexto económico más favorable, el Govern ha decidido aumentar la financiación de las universidades, el punto clave para poder reducir las tasas. Y es que, con los recortes de 2011, rectores y Generalitat pactaron la subida de las matrículas para compensar el tijeretazo de la aportación pública. El pasado 24 de abril, el Parlament aprobó finalmente los Presupuestos de 2020, que incluyen un aumento del 10% de la aportación básica a las universidades públicas, pasando de los 800 millones del pasado año a los 882 para el actual. Con todo, esto no se traduce en una reducción de las tasas. Habrá que esperar a que se publique el decreto de precios —entre finales de junio y principios de julio— para que ello sea oficial.

En la anterior legislatura, con Pedro Duque al frente de Universidades, el ministerio calculó que inyectando unos 950 millones al presupuesto en cinco años ningún estudiante pagaría primera matrícula en un título superior, pero con la crisis de por medio esta idea parece imposible de cumplir.

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