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Casi la mitad de las mujeres no decide plenamente sobre su cuerpo

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A Yuniy López, hondureña y madre de 10 niños, nadie le explicó que podía utilizar métodos anticonceptivos para decidir si tener hijos, cuántos y cuándo. “Es difícil, por la salud de una misma. No quiero que nadie pase por lo mismo que yo”, afirma. “La prueba más dolorosa es tener un bebé pequeñito y de repente que ya te venga otro en camino; no hay para comprarle nada de lo que va a necesitar. A ninguna madre le deseo eso, los hijos tienen que ser planificados; cuando son muchos no se les da lo que necesitan, se les da lo que se puede”, continúa en un vídeo en el que relata por qué hoy es voluntaria del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en su país. López afirma que hay lugares donde la información sobre planificación familiar “no ha llegado nunca”.

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Como le sucedió a López, aún hoy millones de mujeres no pueden tomar las más esenciales decisiones sobre sus cuerpos. Casi la mitad de ellas (un 45%) dice no tener opción de elegir si tienen o no relaciones sexuales con su pareja, ni usar anticonceptivos o buscar atención médica. Ninguna de las tres elecciones que deberían poder hacer libremente tal como establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 5.6. Esta es la principal conclusión del informe anual del UNFPA Mi cuerpo me pertenece, según los datos de los 57 países ―la mayoría en África subsahariana― de los que hay datos completos sobre estas tres dimensiones.

“Esto debería indignarnos a todos. En esencia, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. Sus vidas están gobernadas por otros”, anota Natalia Kanem, directora ejecutiva del organismo por correo electrónico. Para Jaume Nadal, representante del UNFPA en Ucrania, el problema es que la mayoría de Estados aseguran que, con sus leyes, garantizan a las mujeres su derecho a decidir sobre sus cuerpos. “Hay una brecha enorme con la realidad que experimentan ellas”, lamenta en una conversación telefónica.

El informe se basa en dos indicadores de los ODS que ayudan a rastrear el progreso hacia el objetivo de garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos en 2030, “a lo que se comprometieron todos los miembros de las Gobiernos″, recuerda Kanem. “Es la primera vez que medimos el poder de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre el sexo y la reproducción, y hasta qué punto las leyes y políticas permiten o dificultan esa toma de decisiones individuales”. Nadal añade: “La autonomía personal forma parte del feminismo desde siempre; ahora tenemos una forma de medirla con los ODS; es importante que se haga y haya un seguimiento por parte de los países”.

Los datos globales son esclarecedores. Kanem destaca algunos: “Solo el 71% de los países garantiza el acceso a la atención de la maternidad; solo el 75% garantiza legalmente el pleno acceso a la anticoncepción; y solo alrededor del 56% tiene leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad. Y debido a que solo alrededor del 13% de los países tienen un presupuesto específico para recopilar y analizar estadísticas de género, cuestiones como la violencia de género y el trabajo de cuidados no remunerado a menudo permanecen invisibles, sin contar y sin abordar”.

“Y ahora, por la pandemia, más mujeres están expuestas a violencia de género y al no ejercicio de sus derechos”, apunta Nadal. En Ucrania, donde él trabaja, ha aumentado un 50% el número de mujeres que buscan ayuda. “La verdad es que estamos viendo retrocesos y los avances que se venían produciendo no eran rápidos”, lamenta. Por eso, dice, este informe es un llamamiento a los gobiernos para que cierren la brecha entre lo que dicen sus leyes y la realidad. Un ejemplo claro es la mutilación genital femenina, prohibida en muchos países en los que se sigue practicando masivamente. “Los descensos son muy discretos; erradicarla llevará cientos de años al ritmo actual”.

Más de 200 millones de niñas y mujeres viven con las consecuencias de la ablación, y al menos cuatro millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas a ella cada año, según el UNFPA. La crisis de la covid-19 podría empeorar esta estadística hasta el punto de que la pandemia puede “dar lugar a dos millones de casos que, de lo contrario, se hubieran evitado”, y reducir un tercio de los progresos realizados en aras de la meta 5.3 de los ODS de eliminar la mutilación genital femenina para 2030.

La mutilación genital, junto con el matrimonio forzado e infantil y la violación conyugal, son los “ejemplos más crudos de la relación entre las normas de género desiguales y la erosión de la capacidad de una mujer o niña para tomar decisiones autónomas en la vida”, escriben los autores del documento de 164 páginas.

“No es fácil ser optimista frente a los hallazgos del informe: al 45% de las mujeres se les niega el derecho a decir sí o no al sexo, acceder a la atención médica o elegir el momento adecuado para tener un hijo. Y lo que ya estaba mal ahora es peor con la covid-19. La pandemia ha provocado un aumento vertiginoso de la violencia sexual, más embarazos no deseados y nuevas barreras para la atención médica, junto con la pérdida de empleos y educación. En contextos humanitarios, familias cada vez más desesperadas casan a sus hijas pequeñas solo para sobrevivir”, analiza Kanem.

Pero no todas son malas noticias. El UNFPA estima que más de 12 millones de mujeres han experimentado interrupciones en los servicios de planificación familiar durante el último año, lo que ha provocado aproximadamente 1,4 millones de embarazos no deseados. Pudo haber sido mucho peor. Al comienzo de la pandemia, el organismo advirtió que seis meses de corte podrían resultar en que 47 millones de mujeres en países de ingresos bajos y medios no pudieran acceder a métodos anticonceptivos modernos. “Afortunadamente, la comunidad internacional se movilizó para mantener en funcionamiento las cadenas de suministro y los proveedores de servicios innovaron y se adaptaron”, subraya la experta.

“El punto central es que si no se avanza en autonomía corporal de las mujeres y las niñas, no se van a cumplir ninguno de los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible, ni los derechos humanos”, sentencia Nadal. Pero el informe no se limita al tirón de orejas a los Gobiernos. También propone. “La educación es fundamental para que puedan ejercer sus derechos de forma libre e informada, también es necesario lograr más implicación del personal sanitario para detectar y evitar ciertas vulneraciones”, enumera Nadal. Pero sobre todo es importante, en su opinión, que se resuelvan las incoherencias de las leyes existentes. “En algunos países, la edad mínima para el consentimiento legal para mantener relaciones sexuales es de 14 años, sin embargo se limita el acceso a anticonceptivos a los 18 y la educación sexual no forma parte ni del currículo. Se expone a las chicas a un enorme riesgo; no puede ser que se las prive del uso de métodos de planificación familiar”, detalla el especialista.

La tarea de exigir a las autoridades que cumplan sus compromisos con la igualdad de género no es exclusiva del movimiento feminista o entidades como el UNFPA, opina Kanem. ”Todas las personas pueden contribuir manteniendo la presión sobre los gobiernos para que actúen y responsabilizando a los líderes de cumplir. También necesitamos más aliados masculinos. Los hombres deben estar dispuestos a alejarse de los roles dominantes que privilegian su poder y sus opciones sobre las de las mujeres. Los varones adolescentes necesitan nociones mucho más positivas de lo que constituye la hombría durante una época de la vida en la que las normas de género dañinas comienzan a cristalizar. La educación integral en sexualidad adecuada a la edad para niños y niñas inculca los valores de respeto, igualdad y consentimiento”, zanja.

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