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Carlos Antonio Lozada: “El nombre FARC no es sostenible para un partido en la legalidad”

Julian Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, del partido FARC, en una imagen de archivo.
Julian Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, del partido FARC, en una imagen de archivo.Mauricio Dueñas Castañeda / (EPA) EFE

Julián Gallo, hoy senador por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, todavía es conocido como Carlos Antonio Lozada, su nombre en la guerra. Negociador en los diálogos de La Habana, sacudió en octubre al país al admitir ante la justicia transicional su participación en el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, en 1995, un crimen que nunca ha sido esclarecido. Gallo es uno de los líderes más visibles del partido político que este fin de semana celebra su segunda asamblea extraordinaria a cuatro años de la firma de los acuerdos, y atendió esta entrevista telefónica con EL PAÍS desde el paraje campestre donde se encuentra reunido con las delegaciones de Bogotá y Cundinamarca para participar en el evento.

Pregunta. ¿Fue un error haber conservado como partido político las siglas de las FARC?

Respuesta. En el análisis que se hizo en ese momento por parte de la mayoría de delegados al congreso constitutivo se consideró que por encima de todo había que tratar de mantener el significado que estaba contenido en ese nombre que nos acompañó por más de 53 años en medio de la confrontación. Esa es una situación que hoy tiene otro contexto, y por eso consideramos importante que la asamblea, que es la máxima instancia de dirección, revise ese tema y miremos la posibilidad de cambiar el nombre atendiendo a las nuevas realidades que tenemos hoy en día.

P. Rodrigo Londoño, Timochenko, se ha mostrado partidario de cambiar el nombre. ¿Usted también?

R. Sí. Debo decir que fui uno de los que voté en el congreso constitutivo por el nombre FARC, pero indudablemente la práctica nos demostró que había sido un error, que no es sostenible ese nombre por parte de un partido que se mueve en la legalidad, cuando otros grupos que regresaron a las armas o que no avanzaron hacia la dejación de las armas siguen llevando ese nombre. Además de toda la carga negativa que está asociada al mismo en razón del conflicto. Esa es la realidad que tenemos hoy en día.

P. El partido no llegó a 100.000 votos en sus primeras elecciones legislativas, en 2018. ¿Cómo explica la poca acogida que tuvieron en las urnas?

R. Nosotros nos vimos prácticamente abocados, en un proceso de meses, a hacer dejación de armas, constituir el partido y salir de una vez a hacer una campaña electoral en medio de un proceso de polarización, de estigmatización, de señalamientos, de violencia incluso. Hay que recordar que varios de los eventos de la campaña nuestra fueron agredidos no solo verbal, sino físicamente. Todo eso dificultó, y obviamente también cabe allí el tema de la carga negativa en el imaginario de la gente, que durante más de cinco décadas estuvo escuchando y asociando ese nombre al conflicto, con una campaña sistemática queriendo deslegitimar el carácter de la organización, de la lucha que nosotros adelantamos. Eso pesa y tenía que reflejarse en esos resultados electorales. Agregarle a eso los errores y las equivocaciones propias de quienes nunca habíamos estado en este tipo de actividad, y estábamos apenas a unos meses de habernos iniciado en el trabajo político legal después de más de cinco décadas en la clandestinidad.

P. ¿Usted atribuye esa estigmatización al Centro Democrático, que es hoy partido de Gobierno?

R. Por supuesto. Desde el partido de Gobierno se dirige claramente esta campaña, lo hace la bancada de ese partido en el Congreso de la República, también en las redes sociales. Al propio presidente [Iván Duque], en un abuso de su cargo, lo hemos escuchado en intervenciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y la semana pasada en el acto de posesión de la nueva procuradora, prácticamente condenándonos como si se le olvidara que él es el presidente y que no es un juez. En las redes sociales y en el Congreso y en los medios son insultos, pero que en las regiones se traducen en balas alentadas por ese discurso de odio que ellos vienen generando.

P. ¿Qué le respondería a los líderes del partido FARC que aseguran que esta Asamblea está “divorciada de las problemáticas de la antigua guerrillerada”?

R. Tal vez ellos se quedan en un discurso interno, no tienen en cuenta que cualquier tema que tenga que ver con la implementación del acuerdo pasa por la necesidad de jugar un papel importante, de incidir en la escogencia de un Congreso de mayorías pro-paz en el 2022, y por supuesto un Gobierno pro-paz. Cualquier cosa que se busque en la implementación de esos acuerdos, incluidos los problemas que afectan a los exguerrilleros, pasa por ahí. De manera que nos parece muy recortada esa visión. Ellos están en su derecho. Finalmente, la mejor prueba de que somos un partido político y no un ejército es que se pueda disentir de las orientaciones de la dirección.

P. ¿Qué tan dividido está el partido?

R. Yo pienso que no se trata de una división. Esa misma pregunta nos la hacían cuando otros excompañeros anunciaron su regreso a las armas, y se pensó que iba a haber una desbandada desde los territorios. Eso no sucedió, y lo mismo podríamos decir ahora. Nosotros somos una organización que tiene unas profundas raíces, más de 53 años en una confrontación muy dura, de manera que dos o tres compañeros, por ilustres que puedan parecer, no van a generar un sisma dentro del partido.

P. ¿Le preocupa que más excombatientes insatisfechos se puedan sumar a las disidencias, o retomar las armas?

R. Ese riesgo siempre va a estar ahí en medio de la no implementación del acuerdo. Pero más allá de eso, la práctica y lo que nos ha dicho la realidad de estos dos últimos años es que la militancia nuestra ha ido entendiendo que, siendo importante y fundamental la garantía de los derechos a la reincorporación económica, social y política, el objetivo que nos ha unido a lo largo de todos estos años es la lucha por un cambio y unas transformaciones sustanciales en la vida del país.

P. ¿Cómo calificaría el momento que atraviesa la implementación?

R. Siempre hemos dicho que se trata de una disputa por la implementación, entendiendo que esa disputa implica una modificación de la correlación de fuerzas a favor de los sectores pro-paz. No tenemos dudas de que los comicios del 2022, para el Congreso y para la Presidencia, van a reflejar de alguna manera esa nueva correlación de fuerzas. Y esperamos que sea a favor del acuerdo, de la paz completa e integral, y si lográramos llevar un Gobierno de ese origen a la Presidencia este país iniciaría un rápido proceso de transformación. A eso le apostamos y ese es el objetivo de la reunión.

P. ¿Qué debería hacer el Estado para detener los asesinatos de excombatientes que firmaron la paz?

R. Nosotros pactamos medidas de seguridad para quienes hicieron dejación de las armas, para los líderes sociales, para las comunidades y los territorios, pero también en ese punto se habla de la necesidad de avanzar hacia una nueva doctrina de seguridad nacional que abandone el concepto de enemigo interno y se centre en el respeto de los derechos humanos. Adicionalmente se creó una unidad especial de investigación de la Fiscalía que a día de hoy no ha operado realmente, o ha operado a medias, en la medida en que ha sido ahogada por la falta de recursos. Se creó también un cuerpo elite de la Policía que debería estar persiguiendo las bandas sucesoras del paramilitarismo que cometen este tipo de delitos. Y se plantea también en ese punto un acuerdo político nacional, no solamente de los partidos si no de las organizaciones sociales de todos los sectores, para sacar las armas de la política.

Una serie de medidas que, dado que este Gobierno tiene como propósito impedir la implementación, no se han materializado. Por eso consideramos importante que llegue un Gobierno distinto que asuma esas tareas, y eso es lo que permitiría que a mediano plazo podamos tener esa paz territorial a la que le apostamos cuando firmamos el acuerdo.

P. ¿La implementación plena del acuerdo logra un impulso con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos?

R. Esperamos que así sea. Biden tuvo un papel activo en el Gobierno de Barack Obama para que estuviera allí presente permanentemente el enviado especial, Bernie Aronson. Conoce el acuerdo, sabe del respaldo político que le dio el expresidente Obama y esperamos que siendo consecuente con esa decisión política vuelque sus esfuerzos –y por qué no decirlo, la presión– sobre el Gobierno de Iván Duque para que finalmente en estos meses que le quedan por lo menos deje de estar atacando el acuerdo y sobre todo el sistema integral de justicia.

P. Estamos también en un año crucial para la justicia transicional, en el que se esperan las primeras decisiones de fondo de la JEP. ¿Deberían apartarse de su escaño los congresistas de la FARC relacionados con condenas de la JEP cuando estas se produzcan?

R. El acuerdo no dice eso, lo que dice es que las sanciones propias deben ser compatibles con la participación política. Esa es la razón de ser de ese tipo de justicia, modificar el concepto de la justicia que busca venganza. De manera que, si se mantiene la JEP en sus decisiones sobre la base del acuerdo ––que es lo que esperamos, así está contemplado tanto en los pronunciamientos de la Corte Constitucional como en la propia ley estatutaria–, no tiene ningún asidero en esa realidad jurídica y política, constitucional también, que haya incompatibilidad entre la participación política y las sanciones propias del sistema.

P. Usted ha reconocido la responsabilidad del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, ¿A que atribuye que desde varios sectores duden sobre la autoría de ese crimen?

R. No diría que varios sectores, hay algunas personas, específicamente la familia del doctor Álvaro Gómez, que dicen que no creen. Nosotros entregamos ya una declaración ante la JEP, seguramente en las próximas semanas lo harán otros compañeros, y estaremos aportando los elementos que puedan existir hoy en día, después de 25 años, para dar claridad en ese proceso. Esa evaluación tendrá que hacerla el tribunal para la paz.

P. ¿Quién dio la orden de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado?

R. Nosotros estamos, como última dirección de las FARC, asumiendo absolutamente todas las responsabilidades de lo acontecido en el conflicto relacionado con violación del derecho internacional humanitario. Esa fue la responsabilidad política que asumimos quienes integrábamos el secretariado en el momento de la firma. Entendiendo también que las ordenes y las decisiones se tomaban de manera colectiva en las FARC por parte de organismos de dirección. Entonces, ese es el punto de partida para entender esa declaración que nosotros dimos, en el sentido de que eran unidades de las FARC las que habían realizado esa operación que, por el área, por jurisdicción, les había correspondido a unidades del Bloque Oriental en ese momento. Así es que hay que entender esa responsabilidad dentro del marco de la justicia transicional.

P. Usted ha dicho que ejecutó esa orden.

R. Lo que señalé es que en el momento en que se ejecutó esa acción era el comandante de la Red Urbana Antonio Nariño, y que a un comando de esa unidad le había correspondido la ejecución de esa acción.

P. ¿Por qué consideraron las FARC a Álvaro Gómez un objetivo militar?

R. Álvaro Gómez Hurtado, al igual que toda la dirigencia política liberal y conservadora a lo largo de la historia, y sobre todo en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, jugaron un papel decisivo y determinante en el origen y la prolongación del conflicto. Álvaro Gómez Hurtado, como senador de la República en ese momento, fue quien dio el discurso de las llamadas repúblicas independientes bajo cuya bandera se realizó la agresión contra los 48 campesinos que estaban asentados allí al sur del Tolima, en Marquetalia. Él junto a su padre [Laureano Gómez] igualmente jugaron un papel decisivo en todo ese proceso de mediados del siglo pasado. El Partido Conservador y el Partido Liberal se embarcaron en una aventura de violencia que dejó más de 300.000 muertos. Todos los partidos políticos de Colombia tienen su origen en esos conflictos.

En ese momento [los años 90] la decisión nuestra de llevar el conflicto a las ciudades lo que buscaba era que esta guerra que ha sido de pobres –porque los muertos de las fuerzas armadas, del paramilitarismo, civiles y los muertos de insurgencia son todos de origen popular– de alguna manera le costara también a esa élite política, tanto liberal como conservadora, que se ha lucrado por más de 50 años del conflicto. Esas fueron las razones políticas de esa decisión.

P. ¿Por qué dejaron pasar tantos años sin atribuirse ese crimen?

R. Realizada la acción, y el contexto político en que se dio, los escándalos que había de financiación de la campaña electoral del presidente Ernesto Samper por parte del Cartel de Cali, generaron una serie de disputas de grupos de poder al interior de esos partidos, terminaron señalándose entre ellos mismos, resultó involucrada una unidad de inteligencia de las fuerzas armadas, de manera que todo eso llevó a que la dirección de las FARC en ese momento considerara que era mejor dejar que siguieran corriendo esas contradicciones. No teníamos ningún interés en que dejaran de señalarse ellos mismos de un hecho de esa magnitud.

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