Internacional

Bruselas se reserva fijar un sistema de reparto para afrontar crisis migratorias

La Comisión Europea tratará de desencallar el debate migratorio, empantanado desde 2016, con una propuesta para blindar las fronteras de la UE y acelerar los retornos de inmigrantes irregulares. Bruselas se valdrá de esas dos bazas para pedir a los Veintisiete que se aten a un nuevo sistema de solidaridad que evite las cuotas obligatorias. Sin embargo, fuentes comunitarias sostienen que el documento que este miércoles lanzará la Comisión garantizará que los países que atraviesen una situación de crisis migratoria deberán recibir la ayuda de sus socios. Para ello, Bruselas se reservará una suerte de última palabra para mandar recursos y, en última instancia, ordenar repartos en casos de emergencia, rescate o riesgo de presión migratoria.

Con meses de retraso y tras haber viajado a todas las capitales, el vicepresidente Margaritis Schinas y la comisaria Ylva Johansson presentarán este miércoles la propuesta de pacto migratorio que supere el actual mecanismo de Dublín. La reciente crisis en Moria (Grecia) ha acelerado la reapertura de ese debate con un documento que trata de crear una suerte de sistema o circuito lo más automático posible que pueda ser asumido por todos los socios de la UE.

El paquete que presentará la Comisión se basa en tres pilares: el blindaje de fronteras, una política de retornos más ágil y un mecanismo de solidaridad que, de entrada, no contempla un sistema de cuotas obligatorio. Esa propuesta será el punto de partida para unas negociaciones que ya se antojan arduas, pero que Bruselas espera que salgan adelante al creer que ha conjugado la mano dura que reclama el Este de Europa, la mayor estabilidad que piden los países de segunda línea como Francia y Alemania, y la solidaridad que viene demandando el sur, como España e Italia.

La Comisión quiere, en primer lugar, que Frontex (Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas) se convierta progresivamente en la guardia que proteja las fronteras y costas de la UE con su propio personal, embarcaciones y helicópteros, en lugar de depender de las contribuciones de las agencias nacionales. A la vez, quiere crear un mecanismo en las fronteras que permita identificar a quienes llegan a Europa y que lance un procedimiento para saber si son demandantes de asilo o migrantes económicos.

Este último sistema es clave, según estas fuentes, para acelerar y aumentar el volumen de devoluciones. Según Frontex, ahora se ejecutan, de media, el 36% de las órdenes de expulsión. Bruselas quiere llegar a compromisos con los países de origen y tránsito para alcanzar acuerdos para su desarrollo y para garantizar que controlarán sus fronteras. El objetivo es, según estas fuentes, atender las demandas de asilo pero incrementar los retornos de los irregulares.

Con esos dos frentes, Bruselas cree que puede convencer a los países del Norte y el Este del Europa, en particular Polonia y Hungría, para adherirse a un nuevo sistema de solidaridad flexible, es decir, que no contemple cuotas obligatorias, y abrirá el abanico de opciones para contribuir. La Comisión todavía buscaba el martes atar un nuevo mecanismo, que también quiere que sea permanente y efectivo y concilie los intereses de unos y otros países.

Solidaridad entre países

Para hallar ese equilibrio, Bruselas planea dar varias opciones de solidaridad a los países, pero también atender las demandas de los que están en primera línea en la recepción de inmigrantes, como España, Italia, Malta y Grecia. La propuesta fija tres tipos de situaciones en los que los Estados miembros podrán llamar a la puerta de Bruselas pidiendo ayuda: una crisis migratoria —como la que hubo en 2015 y 2016—, la búsqueda y rescate de migrantes, y el riesgo de sufrir una fuerte presión migratoria.

Dependiendo de cuál sea el contexto, la Comisión podrá optar por una solución u otra, poniendo un mayor énfasis en los repartos o en las devoluciones. Sin embargo, estas fuentes añaden que en caso de que el circuito ideado por Bruselas falle en algún punto, el Ejecutivo comunitario se reserva la última palabra para adoptar una solución que crea que va a resolver el problema.

Según fuentes consultadas, esto puede pasar por mandar más recursos o personal al país que lo requiera. En última instancia, sin embargo, podría significar también ordenar un determinado reparto. No obstante, la intención de la Comisión es que el engranaje ideado sea lo suficientemente sólido para no tener que recurrir a esa última opción. Y en ningún caso, añaden, sería el punto de partida, puesto que podría atascar el debate desde el comienzo.

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