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Bruselas propone prohibir la entrada de ciudadanos de fuera la UE durante 30 dias

Europa plantea cerrar a cal y canto sus fronteras exteriores durante al menos un mes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha comunicado este lunes a los miembros del G-7 que ha lanzado una propuesta para limitar los contagios importados del coronavirus reduciendo al mínimo las llegadas de ciudadanos de países de fuera de la UE. “Cuánto menos se viaje, más podremos contener el virus”, ha justificado. La restricción europea a los viajes “no esenciales”, no afecta a los ciudadanos de países con vínculos con la UE como Reino Unido, ni a otros del espacio Schengen como Noruega, Suiza, Islandia y Lichtenstein, y se sumaría a las limitaciones impuestas por países como Estados Unidos, que ya prohibió la semana pasada los vuelos procedentes de Europa.

De ser respaldada por los Veintisiete en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra mañana martes por videoconferencia, la idea convertiría a Europa en una fortaleza en cuyo interior se libraría la batalla contra la enfermedad. Quedarían exentos de la imposibilidad de viajar a la UE los ciudadanos comunitarios que viven en el exterior, sus familiares, diplomáticos y residentes de larga duración. También los trabajadores transfronterizos, personal médico e investigadores implicados en la lucha contra el virus. Los demás, no podrían entrar a territorio de la UE si no son nacionales de uno de sus Estados miembros.

En lo que respecta al movimiento de mercancías hacia la UE, no habrá veto alguno. “El flujo de mercancías a la UE debe continuar para garantizar el suministro de bienes, entre ellos productos esenciales como medicamentos, pero también alimentos y componentes que nuestras fábricas necesitan”, aseguró Von der Leyen.

Europa es, según la Organización Mundial de la Salud, el epicentro de la pandemia en estos momentos. Y como reconoció Von der Leyen, pese a que todavía no se ha alcanzado el pico de casos, los sistemas sanitarios están “bajo una fuerte presión”.

En medio de la emergencia médica y financiera, con los mercados sufriendo una debacle sin precedentes desde la Gran Recesión de 2008, los líderes europeos abordarán cuatro prioridades en la cumbre de mañana a través de las pantallas: contener la expansión del virus, asegurar el abastecimiento de material médico, apoyar la investigación y limitar el impacto económico de la crisis.

La gestión de fronteras interiores y exteriores se ha convertido en un elemento esencial en la contención del virus. Pero si con las llegadas del exterior de la UE, la Comisión ha optado por aplicar una política de fronteras cerradas, no sucede lo mismo con las lindes internas. Este mismo martes, Bruselas ha aprobado las directrices sobre los controles fronterizos dentro de la UE. Las mismas, confirman la posibilidad de imponer controles fronterizos de manera temporal y excepcional, tal y como prevén las normas de la zona Schengen. Pero el Ejecutivo de Von der Leyen pide que se haga “de manera proporcional”, “sin discriminar entre nacionales y ciudadanos de otros países de la UE” y siempre en base a razones médicas relacionadas con la epidemia del Covid-19. La Comisión también recomienda que los posibles controles internos se organicen de manera que no provoquen aglomeraciones, “dado que aumentaría el riesgo de contagio”.

Bruselas pide que esos controles no obstaculicen la libre circulación de bienes, en particular, la cadena de suministro de productos esenciales como medicinas, equipamiento médico, alimentos o productos perecederos. La Comisión recuerda que no se pueden imponer controles adicionales sobre la exportación dentro del mercado interior ni exigir nuevas certificaciones para la entrada de productos ya autorizados. Y apuesta por la creación de carriles especiales que faciliten el paso de productos médicos y de alimentación.

Los Estados, según la Comisión, también deben “permitir y facilitar” la entrada de los llamados trabajadores transfronterizos (residentes en un país que realizan su actividad laboral en otro). No solo a los que estén empleados en el sector sanitario y alimentario, sino también a los de otros servicios esenciales como atención infantil, cuidados de la tercera edad, o personal de infraestructuras imprescindibles.

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