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Balón de oxigeno para la radio pirata

Las emisoras de radio, públicas y privadas, comparten las ondas con un enjambre de estaciones pirata. Hace una década había alrededor de 3.000 frecuencias ilegales o alegales frente a 2.000 legales. Pese a las repetidas promesas de elaborar un mapa del sector radiofónico para detectar y erradicar las señales fraudulentas, siguen campando a sus anchas por todo el dial. El Gobierno de Andalucía les ha dado un balón de oxígeno al permitir su acceso a la publicidad institucional y comercial. Además, ha abierto la puerta a que empresas privadas gestionen emisoras de titularidad municipal alterando así un equilibrio mantenido durante décadas.

La decisión del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (del PP) ha desatado una oleada de protestas por parte de asociaciones periodísticas y del ámbito audiovisual. Una veintena de entidades ha pedido al presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Antonio Checa, que elabore un informe sobre la “indefensión jurídica” en la que se encuentran tras la reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía, aprobada hace año y medio con un infrecuente consenso parlamentario. Ponen de relieve que la reforma es “un hito desregulador” en materia audiovisual dirigido “al fomento de fines espurios que solo benefician a quienes hasta ahora se han negado a someterse a la ley”.

Distintas organizaciones profesionales y sindicales preguntan al presidente del CAA los motivos por los cuales no ha intervenido sobre las señales externalizadas de 29 emisoras públicas locales conectadas a otras comerciales a pesar de conocer la situación. “¿No corresponde la actuación de oficio del CAA como instancia reguladora al servicio de la ciudadanía?”, plantean. Quieren saber también cómo afectará al sector el hecho de que las emisoras ilegales puedan a partir de ahora emitir publicidad comercial e institucional, qué impacto tendrá la ausencia de contenidos locales en muchos municipios que ahora podrían recibir solo contenidos en cadena, y en qué medida se verá perjudicado el patrimonio audiovisual andaluz. Como autoridad independiente encargada de velar por los derechos, libertades y valores constitucionales de los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, el consejo podría haber emitido siquiera un informe urgente.

Quien sí está dispuesto a actuar es el Gobierno central, que percibe una invasión de competencias en el ámbito audiovisual y se plantea recurrir al Constitucional tras la consulta efectuada al Consejo de Estado. La perturbación que en el sector supone transformar en legales las emisoras pirata ya fue denunciada por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial. Esta entidad percibe en los cambios abordados por Andalucía una alteración grave de la competencia y considera que “son contrarios a la legislación estatal básica”. La AERC calcula que en esa comunidad existen más de 400 emisoras ilegales. Pero el Ejecutivo regional no las persigue. Las protege.

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