Las noticias

Anticorrupción pide prisión para el exsubdelegado del Gobierno en Valencia

Un agente de la Unidad Central Operativa (UCO), entrega este sábado al juzgado el atestado del 'caso Azud', que investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en varios ayuntamientos valencianos.
Un agente de la Unidad Central Operativa (UCO), entrega este sábado al juzgado el atestado del ‘caso Azud’, que investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en varios ayuntamientos valencianos.BIEL ALIÑO / EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión del exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, el ex vicealcalde en Valencia, del PP, Alfonso Grau, el constructor Jaime Febrer y la empresaria Mónica Montoro, detenidos en el marco del caso Azud que investiga el cobro de supuestas mordidas por favores inmobiliarios. El juzgado número 13, que instruye la causa, los investiga por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Según fuentes de la investigación, la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares para el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra [empresa pública de la Diputación de Valencia] José Luis Vera.

Trece de los detenidos del caso Azud, entramado de pago de comisiones a cambio de adjudicaciones para el desarrollo de promociones inmobiliarias, han pasado este sábado a disposición del Juzgado de Instrucción número 13 de valencia, encargado del procedimiento. La magistrada que dirige la instrucción ha imputado un nuevo delito a los arrestados, concretamente el de conformar un grupo criminal, que se añade a los de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvieron el pasado jueves al ex subdelegado del Gobierno Rafael Rubio, después de varias horas de registro de su domicilio, al ex vicealcalde en Valencia, del PP, Alfonso Grau, al el constructor Jaime Febrer y al jefe de los servicios jurídicos de Divalterra [empresa de la Diputación de Valencia] José Luis Vera, además de a otras 10 personas.

Solo doce de los 14 detenidos han sido trasladados este sábado a la Ciudad de la Justicia para prestar declaración en la segunda fase de una causa cuya instrucción está declarada secreta, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los detenidos, trasladados a las nueve de la mañana, han comenzado a declarar a la una y media de la tarde y el primero en hacerlo ha sido el exvicealcalde del PP en Valencia Alfonso Grau, que tuvo que dimitir de esta cargo en marzo de 2015 por su procesamiento en el caso Nóos, del que luego salió absuelto. Le ha seguido, según fuentes judiciales, el destituido subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, suspendido de militancia por el PSPV-PSOE tras su arresto.

Tanto a Rubio como a Grau se les acusa de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, el primero pudo haberse llevado 300.000 euros y el segundo, un millón de euros, según las investigaciones.

Rubio está procesado además en una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa. Grau, de 80 años y número dos de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue condenado a cuatro años de cárcel —una pena ratificada por el TSJCV— por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.

Más información

Otro de los detenidos que presuntamente ha tenido un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que intermedió, presuntamente, entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado este jueves en Ibiza. Además, la UCO detuvo a otra decena de personas más, entre ellas la hija de Grau, el empresario Federico Ferrando Giner, la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú (PP), otro concejal de este ayuntamiento alicantino, y la empresaria Mónica Montoro. Fuentes de la investigación aseguran que no hay más cargos públicos activos entre los detenidos pero sí más empresarios.

Estos arrestos se producen en una segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas, con facturas supuestamente ficticias expedidas por varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia y de otros consistorios. La causa comenzó en 2017, permanece secreta y se abrió por delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.

En una primera fase del procedimiento se detuvo en 2019 al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y a su socio, el letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigadas la mujer y las hijas de Corbín.

Leave a Reply