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Ante la ley

La Casa del Rey difundió el domingo un comunicado en el que Felipe VI hacía pública la renuncia a la herencia de su padre, don Juan Carlos, y retiraba a este la asignación económica prevista en el presupuesto de la jefatura del Estado. Estas decisiones responden a las informaciones publicadas sobre la existencia de dos fundaciones en el extranjero en las que el Rey emérito aparece como beneficiario y no declaradas en España, una de las cuales habría recibido pagos de Arabia Saudí y en la que, sin su conocimiento, aparecería el rey Felipe VI, también como beneficiario. La gravedad de unos hechos presuntos sobre los que ya trabaja la justicia no puede ser minimizada con la excusa de proteger el sistema constitucional de 1978. Antes por el contrario, proteger el sistema constitucional, incluida la Monarquía como forma de gobierno que hoy encarna Felipe VI, exige que, según él mismo reclama, el Estado de derecho se aplique con escrupuloso rigor.

Desde el punto de vista político significa, además, que bajo ninguna circunstancia se pueden confundir las instituciones con las personas que las encarnan. Ni siquiera en el caso de la monarquía parlamentaria, puesto que, al igual que sucede con otras formas democráticas de gobierno, es el mismo orden constitucional el que prevé las responsabilidades en las que pueden incurrir sus titulares y los procedimientos judiciales y parlamentarios para depurarlas. Ningún sistema político está en condiciones de garantizar que los más altos dignatarios tengan un comportamiento ejemplar, y no por ello son sistemas deficientes. Lo serán si, llegado el caso, no tienen respuesta, y la Constitución de 1978 sí la tiene.

Atenerse en las reacciones públicas ante el caso a las diferencias entre las instituciones y las personas será determinante para que el país y el sistema constitucional salgan de esta nueva prueba fortalecidos en lugar de debilitados. Los hechos recién conocidos, y de los que el rey Felipe VI se ha distanciado con acciones inequívocas, han producido conmoción e indignación entre los ciudadanos. Conviene no perder de vista, sin embargo, que, sea cual sea el itinerario judicial que aguarde al caso, se trata de hechos que en ninguna circunstancia han afectado, afectan ni tienen por qué afectar al escrupuloso cumplimiento de las funciones que la Constitución de 1978 otorga a la Monarquía. Y ello tanto por lo que respecta a Felipe VI, como también, y pese a todo, a don Juan Carlos.

Este último tuvo en su mano ocupar un lugar en la historia que, dependiendo de lo que establezcan a partir de ahora los tribunales, podría quedar ensombrecido por no haber sabido resistirse al espejismo de una época. El respeto y el prestigio que supo ganarse entre los ciudadanos y los Gobiernos de todo signo deberían haber sido suficiente recompensa para quien, como él, desempeñó un papel político insustituible para dejar atrás la dictadura. Exigir que comparezca ante la ley si así lo estiman los jueces y lo permite la interpretación legítima de las normas no es incompatible con seguir reconociéndoselo. Pero no lamentablemente por afecto hacia su persona, sino por inequívoco compromiso con una Constitución que tanto le debe, y con sus instituciones.

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