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Acuerdos y desacuerdos

El Ministerio de Interior publicó este sábado el número de sanciones tramitadas por infracciones al confinamiento decretado bajo el estado de alarma, siguiendo el procedimiento establecido por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. El volumen supera los 740.000 partes, que pueden ser recurridos y, en el caso de que se haga, las delegaciones de Gobierno decidirán tanto sobre su pertinencia como sobre la cuantía. Según la apreciación de algunos grupos parlamentarios, el Ejecutivo debería haber recurrido a la Ley de Salud Pública y no a la de Seguridad Ciudadana.

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Es probable que en el debate de apariencia jurídica acerca de si debería aplicarse una norma u otra se esté mezclando una cuestión política anterior a la declaración de la alarma, como es el hecho de que las dos fuerzas hoy en el Gobierno se comprometieron a derogar la ley a la que ha decidido recurrir el Ministerio del Interior. En último extremo, sería el Poder Judicial el que tendría que acabar resolviendo el conflicto de normas, si es que existiera. Pero, entre tanto, conviene no perder de vista los acuerdos que podrían acabar ocultando los desacuerdos. El principal de ellos es que no respetar el confinamiento establecido en el decreto de alarma es un ilícito que los cuerpos y fuerzas de Seguridad están obligados a impedir, y que, para hacerlo, necesitan de la cobertura de una norma. Desde luego, no es irrelevante que se trate de una o de otra, pero las dudas tienen que ser resueltas en el momento oportuno y por los procedimientos del Estado de derecho.

A este último respecto, todo el esfuerzo parlamentario y todo el control político estaría mejor dirigido a salvaguardar los derechos de los ciudadanos contra los que se haya iniciado un expediente de sanción, que a abrir un nuevo frente de confrontación. Nada se gana con que los grupos de oposición sigan obstinados en hacer del Parlamento una banal caja de resonancia para eslóganes como que el Gobierno cambia mascarillas por mordazas; mucho, por el contrario, con que los ciudadanos se sepan protegidos por instituciones democráticas que cumplen su papel. En este caso, exigiendo del Gobierno información acerca de las razones jurídicas que le hicieron preferir una ley a la otra, como también sobre la gestión de los expedientes administrativos generados por las denuncias durante una situación de excepcionalidad.

La cifra de las sanciones no permite, sin duda, banalizar un asunto que afecta a cientos de miles de ciudadanos. Pero tampoco ignorar el compromiso cívico de un país que ha cumplido en su práctica totalidad con lo que se le ha pedido, respetando escrupulosamente el confinamiento.

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