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Abengoa se asoma a la liquidación por el bloqueo de los acreedores, SEPI e ICO

El plan B para salvar los activos valiosos de Abengoa tiene casi todas las papeletas para descarrilar, según las fuentes financieras consultadas. El acuerdo entre el potencial nuevo inversor de Abenewco, el fondo californiano Terramar, los acreedores, la SEPI –que ha de inyectar 249 millones– el ICO y Cesce es casi misión imposible. El miedo del fondo estatal de rescate a perder el dinero y la negativa de los bancos y los hedge funds a inyectar liquidez y avales juegan en su contra. El plazo, no obstante, para tratar de llegar a un acuerdo finalizará el próximo 7 de mayo.

Los esfuerzos para salvar Abengoa se alargan y se revelan infructuosos. La estrategia, pilotada por Ramón y Cajal Abogados, ha estado centrada en alinear a todas las partes implicadas. Logró apartar de la matriz a los minoritarios agrupados en AbengoaShares, como deseaban acreedores y Gobierno, y encontró una fórmula para sacar a Abenewco de la esfera patrimonial de la matriz. Incluso pidió socorro al fondo de la SEPI y trazó toda la ruta de salvamento. Pero esta es muy compleja.

El rescate de Plus Ultra por parte del organismo público ha despertado todo tipo de suspicacias. La luz verde al tercer rescate de Abengoa, después de que hayan pasado ocho meses desde que se acordara sin que este llegara a buen puerto por diversos motivos, es complicada. Las fuentes consultadas señalan que ya no solo es el factor del inversor externo que se quedaría con el 70% de Abenewco, mediante una inyección de 200 millones de euros –150 millones en forma de créditos y 50 como capital–, sino que los actuales acreedores tendrían que inyectar más dinero, al tiempo que el ICO y la aseguradora Cesce también deberían intervenir. El banco público ha expuesto sus reticencias en numerosas ocasiones a blindar más créditos para Abengoa, y ahora estas se repiten.

A falta de una especie de milagro o un plan alternativo se producirá –ahora sí– el segundo mayor concurso de acreedores en España. El pasivo de Abengoa a cierre de 2019 fue unos 6.000 millones, por detrás de los 7.200 millones de la quiebra de Martinsa Fadesa.

Las expectativas del Gobierno, pese al temor a emplear el fondo de la SEPI, están en que pueda lograrse un convenio para blindar la actividad esencial del grupo de ingeniería. La otra alternativa sería la liquidación a través del troceo de los activos productivos. EY es el encargado de capitanear, de momento, el concurso de la matriz. En principio, la primera opción permitiría preservar una mayor parte de los 13.000 empleados de Abengoa en el mundo, con cerca de 3.000 en España. Pero esa primera opción también es tarea difícil.

Necesidades ampliadas

A los temores de la SEPI se suman las necesidades de más dinero por parte de la compañía. Los alrededor de 500 millones entre liquidez y avales programados el pasado 6 de agosto se quedan ahora muy cortos. Sería necesario un esfuerzo adicional de los acreedores, y una parte de ellos desconfía de la viabilidad de la empresa. En teoría, lo que desde un principio provocó el fracaso del rescate fue la negativa de la Junta de Andalucía a inyectar tan solo los 20 millones a los que se había comprometido, por carecer de “instrumentos legales” para entregar ese dinero.

Blue Mountain y KKR acumulan mucho riesgo en la operativa y este último fondo, Alden y Melqart, están presentes en una de las holding. Santander está muy concentrado en avales y también están presentes Bankia, CaixaBank y Crédit Agricole. Precisamente, los avales y las garantías, por unos 800 millones, ya están siendo la diana de los clientes de Abengoa, que pueden solicitar su ejecución cuando comienzan los incumplimientos en la puesta en marcha de los proyectos.

Los pequeños accionistas agrupados en torno a AbengoaShares, con más de un 15% del capital y liderados por el expresidente de Amper Clemente Fernández se han opuesto desde un principio al plan de rescate pergeñado por el expresidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo. Se les concedía un 2,7% de Abenewco, porcentaje que tendría la matriz, la firma que cotiza. Esta dejó de negociarse por orden de la CNMV el pasado 14 de julio, y todo apunta a que nunca volverá a hacerlo.

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